El decreto «bumerán»: Adorni bajo la lupa por el uso del avión presidencial

El escándalo por el viaje de Bettina Angeletti, esposa del jefe de Gabinete Manuel Adorni, a bordo de la aeronave presidencial ARG-01 con destino a Nueva York, ha colocado al oficialismo en una posición defensiva que intentó evitar desde su llegada al poder. El episodio no solo reabrió el debate sobre la ética en el uso de bienes del Estado, sino que activó comparaciones directas con la denominada «Causa de los Aviones» que afectó a la expresidenta Cristina Kirchner, aunque con un componente irónico: la conducta de Adorni colisiona con un decreto que él mismo celebró meses atrás.

La sombra de la «Causa de los Aviones»

El uso de la flota oficial ha sido históricamente un terreno pantanoso en la política argentina. La comparación obligada remite al expediente que investigó el presunto traslado de objetos personales y mobiliario a los hoteles de la familia Kirchner en Santa Cruz entre 2007 y 2015.

Sin embargo, existe una diferencia procesal sustancial. En junio de 2023, la Cámara Federal de Casación Penal declaró la nulidad absoluta de dicha causa. Los jueces Alejandro Slokar y Ángela Ledesma determinaron que el fallecido juez Claudio Bonadío vulneró el principio de imparcialidad al ser denunciante y juez al mismo tiempo. Aunque en 2024 el fiscal Gerardo Pollicita solicitó la reapertura del caso por 194 vuelos bajo la figura de peculado (artículo 261 del Código Penal), el estado de esa solicitud aún es incierto.

El decreto de 2024: la propia trampa del oficialismo

Lo que otorga un carácter inédito a la polémica actual es la existencia de una norma específica dictada por la gestión de Javier Milei. En agosto de 2024, mediante un decreto de transparencia, el Gobierno prohibió expresamente el uso de aeronaves oficiales para el traslado de familiares de funcionarios en actividades privadas.

Adorni, en su rol de vocero y referente comunicacional, fue uno de los principales promotores de esta medida, presentándola como un hito de la «nueva política». Hoy, ese mismo texto legal es el que la oposición —liderada por el diputado Esteban Paulón y el bloque de Unión por la Patria— utiliza para exigir informes y la interpelación del funcionario en el Congreso.

Defensa sin documentos y tensión interna

La respuesta del Ejecutivo ha sido, hasta ahora, más retórica que técnica:

• Argumento oficial: Adorni sostuvo en entrevistas recientes que el viaje de su esposa no generó un «costo adicional» para el erario público.

• Teoría del costo marginal: El presidente Milei respaldó esta postura en redes sociales bajo conceptos económicos, sugiriendo que, si el avión ya volaba, el asiento ocupado no alteraba el gasto total.

• Falta de pruebas: A pesar de estas declaraciones, este medio ha verificado que no existe respaldo documental independiente que certifique el costo cero del traslado.

Un frente judicial y político abierto

La controversia ha profundizado la grieta interna en La Libertad Avanza. La vicepresidenta Victoria Villarruel no solo marcó distancia con gestos irónicos en redes, sino que el conflicto escaló a Comodoro Py con una denuncia penal contra el ministro de Defensa, Luis Petri, por calumnias tras ser tildada de «golpista».

Mientras el club Sacachispas y las redes sociales transforman el incidente en sátira, la situación institucional es severa. El contraste es flagrante: mientras la causa contra el kirchnerismo fue anulada por fallas en la instrucción judicial, el caso del ARG-01 se asienta sobre la presunta violación de una regla de transparencia escrita por los mismos protagonistas que hoy la minimizan.