Crisis en la salud militar: denuncian vaciamiento y abandono en la obra social
Militares y sus familias enfrentan una parálisis total de servicios médicos tras la disolución de IOSFA, mientras la nueva estructura OSFA acumula deudas millonarias y sospechas de desvío de fondos.
La familia militar, históricamente uno de los núcleos de apoyo más sólidos del proyecto libertario de Javier Milei, atraviesa hoy una crisis de confianza sin precedentes. Lo que comenzó como una promesa de eficiencia y saneamiento bajo la gestión del ministro de Defensa, Luis Petri, ha derivado en un escenario de desprotección sanitaria que afecta a miles de uniformados en todo el territorio nacional. La transición de la disuelta Obra Social de las Fuerzas Armadas y de Seguridad (IOSFA) hacia la nueva entidad OSFA ha quedado estancada en anuncios administrativos, dejando a los afiliados en un «limbo» donde los aportes mensuales se descuentan, pero la cobertura médica es inexistente.
El colapso de la atención en el interior
La situación es especialmente crítica fuera del Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). En nodos logísticos y estratégicos como Mar del Plata, Bahía Blanca, Trelew y varias provincias del norte argentino, la cobertura es, en palabras de los propios damnificados, «cero». El caso de Mar del Plata es emblemático: el Hospital Privado de la Comunidad, centro de referencia en la región, ha suspendido la atención ante la falta de pagos, dejando a cerca de 20.000 afiliados a la deriva.
«Es un escándalo; pagamos la cuota todos los meses y si necesitamos desde una consulta básica hasta una cirugía mayor, tenemos que pagarla de nuestro bolsillo», relató un oficial de alto rango. Esta parálisis no solo afecta la salud de los efectivos en actividad, sino también a retirados y familiares que dependen exclusivamente del sistema solidario de la fuerza para tratamientos de alta complejidad o enfermedades crónicas.
Internas y «mancha verde» en el Ministerio
Al drama sanitario se suma una feroz interna institucional. Desde la Fuerza Aérea acusan al Jefe del Ejército y figura central en la estructura de Defensa, el general Carlos Presti, de «teñir de verde» la gestión de la obra social. Las críticas apuntan a que los cargos directivos de la nueva OSFA han sido ocupados mayoritariamente por personal del Ejército, quienes —según las denuncias— priorizan el pago de deudas en centros médicos vinculados a su fuerza o ubicados en la Capital Federal, postergando sistemáticamente las necesidades de la Armada y la Fuerza Aérea.
Este sesgo geográfico y corporativo ha generado un malestar profundo en los cuarteles. Se percibe una discriminación hacia «los confines del país», donde la presencia del Estado en materia de salud parece haberse retirado por completo, incumpliendo los contratos con laboratorios y clínicas locales.
Un déficit que se vuelve «bola de nieve»
Los números que rodean la gestión de Luis Petri son alarmantes. Según informes internos, el déficit estructural de la obra social se disparó de forma exponencial: de un pasivo de 70.000 millones de pesos en marzo de 2024, la cifra escaló hasta los 210.000 millones de pesos proyectados para mediados de 2025.
La controversia escaló tras la solicitud de un préstamo de 40.000 millones de pesos al Instituto de Ayuda Financiera (IAF). Aunque el objetivo declarado era la compra de equipamiento médico moderno, los fondos habrían sido desviados para cancelar deudas corrientes con proveedores, una maniobra que no logró detener la sangría financiera y que es señalada como una prueba del «vaciamiento» de la entidad.
Cruces políticos y futuro judicial
El conflicto ya ha fracturado la cúpula del poder. La vicepresidenta Victoria Villarruel, con fuertes vínculos con el sector castrense, ha exigido explicaciones públicas a Petri por la gestión de sus funcionarios, muchos de ellos de origen mendocino y estrecha confianza del ministro. Se los acusa no solo de impericia técnica, sino de utilizar los recursos de los afiliados para fines ajenos a la salud institucional.
Ante la falta de respuestas políticas, la «bola de nieve» ha comenzado a rodar hacia los tribunales. Cientos de afiliados han iniciado acciones de amparo para exigir la restitución de servicios básicos. La paradoja es total: el sector que más celebró el orden y la austeridad del nuevo gobierno se siente hoy víctima de una desorganización que pone en riesgo su vida y la de sus familias.
