Arca inicia recategorizaciones de oficio masivas a monotributistas mediante el control de billeteras virtuales
La Agencia de Recaudación y Control Aduanero utiliza el sistema Moreo para cruzar datos financieros de plataformas digitales, generando controversia por la falta de distinción entre ingresos laborales y transferencias personales.
En un giro que pone en alerta a millones de trabajadores independientes, la Agencia de Recaudación y Control Aduanero (Arca) ha iniciado un proceso de recategorización de oficio masivo para contribuyentes del Monotributo. La medida se basa en un cruce de datos exhaustivo que, por primera vez en este 2026, integra de manera sistemática los movimientos de billeteras virtuales como Mercado Pago, Personal Pay y Naranja X, comparándolos directamente con la facturación declarada.
La ofensiva fiscal se produce apenas días después de la sanción de la Ley de Inocencia Fiscal, lo que ha despertado críticas inmediatas hacia el Gobierno nacional. Sectores de la oposición y especialistas tributarios señalan una contradicción discursiva: mientras el Ejecutivo promueve un alivio para los «grandes jugadores» de la economía, el rigor técnico del sistema Moreo (Monotributo – Recategorización de Oficio) parece ensañarse con los eslabones más débiles de la cadena productiva.
El algoritmo que no distingue afectos de ventas
El núcleo del conflicto reside en la metodología del sistema Moreo. El algoritmo de Arca consolida la totalidad de los fondos que ingresan a las cuentas de un mismo CUIT en distintas aplicaciones. Si la suma de estos movimientos supera los límites de la categoría actual del contribuyente, el sistema asume automáticamente que se trata de ventas no declaradas.
Sin embargo, el sistema presenta una falencia técnica crítica: no discierne entre actividad comercial y transacciones personales. Transferencias por división de gastos en cenas, regalos familiares o préstamos entre particulares son computados como ingresos brutos. Esta «ceguera» digital está derivando en exclusiones del régimen o saltos de categoría que no reflejan la capacidad contributiva real del ciudadano, sino simplemente su flujo de movimientos financieros informales.
Notificaciones y plazos de defensa
Los contribuyentes afectados están recibiendo alertas en sus domicilios fiscales electrónicos. Una vez notificada la recategorización de oficio, el usuario cuenta con un plazo perentorio de quince días para apelar y presentar las pruebas que demuestren que los fondos excedentes no corresponden a facturación omitida. La carga de la prueba, en este esquema, recae enteramente sobre el monotributista, quien debe justificar cada movimiento bancarizado para evitar un incremento en su cuota mensual o el costoso pase al Régimen General.
Ofensiva legislativa para frenar el ajuste
Ante la creciente presión fiscal, el diputado nacional Guillermo Michel presentó un proyecto de ley que busca suspender por seis meses las facultades de Arca para realizar estas recategorizaciones automáticas. El legislador argumenta que, en un contexto de crisis profunda y caída del consumo, los parámetros nominales de facturación están distorsionados por la inflación y no representan una mejora real en la economía de los autónomos.
«Suspender la recategorización de oficio busca cuidar la economía de los sectores más frágiles y evitar que caigan en la informalidad por incapacidad de pago», sostuvo Michel. El proyecto cuenta con el respaldo de un bloque diverso de legisladores, entre ellos Victoria Tolosa Paz, Sebastián Galmarini y Nicolás Massot, quienes advierten que este «cimbronazo» administrativo podría desarticular el entramado emprendedor y profesional del país.
