El boleto de colectivos aumenta un 41% en el AMBA

La Secretaría de Transporte, bajo la órbita del Ministerio de Economía, oficializó este lunes un nuevo ajuste en el cuadro tarifario del transporte público para el Área Metropolitana de Buenos Aires (AMBA). A través de la Resolución 8/2026, el organismo conducido por Fernando Herrmann estableció un incremento del 41% para las líneas de jurisdicción nacional, el cual se implementará de manera escalonada durante los meses de febrero y marzo.

Esta medida alcanza específicamente a las líneas que cruzan la avenida General Paz o el Riachuelo, un total de 104 servicios que habían mantenido sus valores congelados desde noviembre pasado. Con esta actualización, el Poder Ejecutivo busca mitigar el desfasaje de costos operativos y garantizar la sostenibilidad del sistema, tras haber desactivado semanas atrás un conflicto gremial con la Unión Tranviarios Automotor (UTA) mediante la promesa de mayores recursos.

Un aumento en dos etapas: febrero y marzo

El nuevo esquema de tarifas de transporte no se aplicará de forma inmediata en su totalidad, sino que seguirá un cronograma de dos fases diseñado para amortiguar el impacto inicial en el bolsillo de los usuarios.

1. Primer tramo (17 de febrero): El boleto sufrirá un incremento del 31%. En esta etapa, el pasaje mínimo (para recorridos de 0 a 3 kilómetros) pasará de los valores actuales a $650.

2. Segundo tramo (16 de marzo): Se aplicará un aumento adicional del 10% sobre la base actual, lo que llevará el boleto mínimo a $700.

Desde la Secretaría de Transporte argumentaron que esta suba busca otorgar «mayor competitividad al sector automotor» y equiparar los valores de las líneas nacionales con los servicios que circulan exclusivamente dentro de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Cabe destacar que las jurisdicciones de CABA y la Provincia de Buenos Aires ya venían aplicando ajustes mensuales basados en el índice de inflación más un 2% adicional desde marzo de 2025.

Detalle de los nuevos cuadros tarifarios

El impacto del ajuste varía según la distancia recorrida y el estado de la tarjeta SUBE del usuario. Aquellos que no tengan su tarjeta nominalizada (registrada a su nombre) deberán afrontar costos significativamente superiores, superando los $1.100 para el tramo más corto a partir de marzo.

Tarifas a partir del 17 de febrero:

• 0 a 3 km: $650,00 (SUBE sin nominalizar: $1.033,50)

• 3 a 6 km: $724,09 (SUBE sin nominalizar: $1.151,30)

• 6 a 12 km: $779,87 (SUBE sin nominalizar: $1.239,99)

• 12 a 27 km: $835,71 (SUBE sin nominalizar: $1.328,78)

• Más de 27 km: $891,16 (SUBE sin nominalizar: $1.416,94)

Tarifas a partir del 16 de marzo:

• 0 a 3 km: $700,00 (SUBE sin nominalizar: $1.113,00)

• 3 a 6 km: $779,78 (SUBE sin nominalizar: $1.239,85)

• 6 a 12 km: $839,86 (SUBE sin nominalizar: $1.335,38)

• 12 a 27 km: $899,99 (SUBE sin nominalizar: $1.430,98)

• Más de 27 km: $959,71 (SUBE sin nominalizar: $1.525,94)

Continuidad de beneficios y participación ciudadana

A pesar del fuerte ajuste, el Gobierno ratificó que se mantendrán los mecanismos de protección social. La Tarifa Social, que ofrece un descuento del 55%, seguirá vigente para jubilados, pensionados, beneficiarios de la AUH y personal doméstico, entre otros grupos vulnerables. Asimismo, el sistema de Red SUBE continuará operando para quienes realizan combinaciones de transporte en un lapso de dos horas, ofreciendo descuentos progresivos en el segundo y tercer viaje.

Como paso previo a la implementación efectiva el 17 de febrero, se ha convocado a una instancia de participación ciudadana. Este mecanismo, aunque no es vinculante, permite a los usuarios expresar sus opiniones sobre la propuesta oficial durante un plazo de tres días hábiles. Los interesados pueden ingresar al portal oficial de consultas públicas del Gobierno Nacional para registrar su postura.

Este nuevo incremento se enmarca en una política de reducción de subsidios directos a las empresas, trasladando una mayor proporción del costo del servicio a la tarifa final, en un contexto de alta sensibilidad social por la inflación acumulada en los servicios públicos.