El caso Lucía Pérez: otorgan libertad condicional a Juan Pablo Offidani

La decisión del Tribunal Oral en lo Criminal N°2 de Mar del Plata ha reabierto las heridas de uno de los casos más emblemáticos de la violencia de género en Argentina. Juan Pablo Offidani, sentenciado por su participación en los hechos que derivaron en la muerte de Lucía Pérez en 2016, recuperó su libertad tras cumplir nueve años de arresto, una resolución que ha provocado el rechazo inmediato de la familia de la víctima y de la fiscalía.

El polémico beneficio del estímulo educativo

Pese a que Offidani enfrentaba una condena unificada de 15 años, el tribunal —integrado por los magistrados Gustavo Fissore, Alexis Simaz y Roberto Falcone— validó el beneficio de la libertad condicional. La clave jurídica para esta resolución fue la aplicación del «estímulo educativo», una figura legal que permitió reducir 13 meses del cómputo total de la pena debido a las actividades de formación realizadas por el recluso.

Con esta quita de tiempo, la justicia dio por acreditado el cumplimiento de las dos terceras partes de la sanción penal, requisito indispensable para acceder a la excarcelación. La medida se hizo efectiva a pesar de la oposición rotunda del fiscal Carlos Russo, quien argumentó la gravedad de los hechos y el impacto social del caso.

Restricciones y pautas de conducta

Para evitar que el beneficio sea revocado, el tribunal impuso a Offidani una serie de reglas de conducta estrictas que deberá cumplir fuera de la prisión:

• Residencia y control: Debe fijar domicilio en la provincia de Buenos Aires y reportarse mensualmente ante el Patronato de Liberados.

• Prohibiciones: Tiene terminantemente prohibido el consumo de alcohol y narcóticos, así como abandonar el país.

• Seguridad de las víctimas: Se dictó una restricción de acercamiento en un radio de 200 metros hacia los allegados de Lucía Pérez y la prohibición de cualquier tipo de comunicación.

• Reinserción: Deberá iniciar un tratamiento terapéutico para sus adicciones en la institución Proyecto Vida Digna y desarrollar una actividad laboral.

Reacción de la familia: «No hay justicia»

La respuesta de la querella no se hizo esperar. Marta Montero, madre de Lucía, expresó su amargura a través de un mensaje audiovisual donde cuestionó la integridad del proceso: “Luego de 9 años del asesinato de Lucía, no tiene justicia”. Desde la Campaña Nacional Somos Lucía, el entorno de la joven calificó al liberado como un «narcofemicida», denunciando que el sistema judicial prioriza los beneficios del condenado sobre el dolor de las víctimas.

Un laberinto judicial de casi una década

El caso de Lucía Pérez ha transitado un camino procesal sinuoso. En octubre de 2016, la adolescente de 16 años fue trasladada a una vivienda por Offidani y Matías Farías, donde fue drogada y abusada, falleciendo poco después. Inicialmente, la fiscalía describió el hecho como una «agresión sexual infrahumana».

Sin embargo, las sentencias han variado drásticamente:

1. 2018: Primer juicio. Solo hubo condenas por venta de drogas; fueron absueltos del cargo de femicidio.

2. 2020: Casación anuló el primer fallo por considerarlo sesgado y ordenó un nuevo debate.

3. 2023: Segundo juicio. Farías fue sentenciado a perpetua y Offidani a 15 años como cómplice secundario.

4. 2025: Un nuevo revés judicial desestimó la figura de femicidio, modificando la calificación a «abuso sexual agravado por el consumo de estupefacientes seguido de muerte», lo que posibilitó la reducción de penas y la actual libertad de Offidani.

El debate sobre la reincidencia y la reparación

La liberación de Offidani reaviva el debate nacional sobre los límites de los beneficios carcelarios en delitos de extrema gravedad. Mientras la justicia defiende la legalidad del cómputo de la pena y el derecho a la reinserción, la sociedad argentina observa con escepticismo cómo uno de los protagonistas de una tragedia que marcó un antes y un después en el movimiento «Ni Una Menos» vuelve a las calles antes de cumplir la totalidad de su condena original.