La contradicción fiscal de Milei: beneficios a los más ricos frente al ajuste social

La gestión de Javier Milei ha instalado en el centro del debate público una premisa que parece inamovible: la inexistencia de recursos estatales. Sin embargo, un análisis detallado de la contradicción fiscal revela que, mientras se asfixia presupuestariamente a sectores vulnerables y estratégicos, se implementan exenciones impositivas que benefician exclusivamente al sector más acaudalado de la población. Esta dualidad entre la austeridad extrema para unos y la generosidad tributaria para otros pone en duda la naturaleza técnica del ajuste, sugiriendo una impronta marcadamente ideológica.

La paradoja de los bienes suntuarios

El eje de la controversia radica en el reciente capítulo de la ley laboral, donde el oficialismo incluyó la eliminación de impuestos internos a artículos de lujo. Esta medida abarca desde autos de alta gama y embarcaciones hasta aviones y monedas de oro. El costo fiscal de este beneficio se estima en 350 millones de dólares, una cifra que excede con creces el presupuesto operativo anual requerido por el CONICET para funcionar con normalidad.

Resulta difícil sostener el discurso de la carencia de fondos cuando se decide, por voluntad propia, dejar de percibir ingresos provenientes del 2% o 3% de la población con mayor capacidad contributiva. Mientras el gobierno argumenta que no puede financiar la Ley de Emergencia en Discapacidad, los recursos cedidos en impuestos a bienes suntuarios podrían cubrir gran parte de las necesidades de dicho sector.

El freno legislativo al «capítulo caído»

La tensión alcanzó su punto máximo en la Cámara de Diputados durante una sesión de madrugada. Una coalición opositora logró frenar un intento de «derogación encubierta» que el oficialismo buscaba camuflar en el articulado. El gobierno pretendía anular las leyes de financiamiento universitario y de emergencia en discapacidad, normativas que ya habían sido vetadas y luego ratificadas por insistencia del Congreso.

Este revés legislativo, sumado a la falta de garantías sobre los fondos para las provincias, obligó a postergar el tratamiento de la reforma laboral hasta febrero. El escenario evidencia una debilidad política para imponer un esquema de ajuste que los gobernadores y la oposición perciben como desequilibrado en el reparto del sacrificio económico.

El desmantelamiento del sistema científico

El informe sobre la situación de ciencia y tecnología es alarmante. Bajo el prejuicio presidencial de que las instituciones académicas son «reductos ideológicos», se ha iniciado un proceso de desfinanciación que recuerda a las épocas más oscuras de la historia argentina, como la «Noche de los Bastones Largos».

Los recortes específicos son contundentes:

• INTI (Tecnología Industrial): reducción del 45% del presupuesto.

• CNEA (Energía Atómica): recorte del 43%.

• Servicio Meteorológico Nacional: caída del 33%.

• INTA (Tecnología Agropecuaria): recorte del 35%, a pesar de las advertencias de la Sociedad Rural sobre su importancia productiva.

A esto se suma una caída real del salario del 33% para docentes universitarios y del 37% para investigadores. El cierre de convocatorias para nuevos proyectos de investigación anticipa una inminente «fuga de cerebros», destruyendo décadas de inversión en capital humano.

Jubilados: el blanco del desfinanciamiento sistemático

La situación de la seguridad social presenta un panorama crítico. Se denuncia un mecanismo para vaciar la ANSES mediante la reducción de contribuciones patronales, lo que generaría una pérdida proyectada de 2.000 millones de dólares. Además, otros 2.500 millones serían desviados hacia un fondo de despidos, debilitando aún más la caja previsional.

Uno de los puntos más graves es la venta de activos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). Se estima que ya se han liquidado bonos por 22.000 millones de dólares con el objetivo de contener las cotizaciones de los dólares financieros (MEP y CCL). En el día a día, esto se traduce en una crisis del PAMI, donde los jubilados enfrentan demoras de hasta seis meses para turnos médicos y una cobertura de medicamentos que se limita a cuatro unidades, obligándolos a pagar de su bolsillo los remedios excedentes.

Una elección de prioridades

La gestión actual no enfrenta simplemente un problema de escasez de divisas, sino una deliberada elección de prioridades políticas. Como se ha señalado, «el mismo gobierno que dice que no hay plata para los discapacitados deja de cobrarle impuestos a los ricos más ricos». La mirada del presidente Milei, forjada en un entorno de privilegio, parece ignorar la función social y productiva de la universidad pública y la ciencia nacional. El riesgo no es solo el déficit fiscal, sino el vaciamiento del futuro argentino a través de la desarticulación de su red de seguridad social y su potencial intelectual.