$LIBRA: Negociación secreta de Milei con damnificados busca desactivar un juicio por estafa
La Casa Rosada, a través de un abogado vinculado a Karina Milei, negocia con inversores estafados por el token $LIBRA para desvincular al Presidente Javier Milei del escándalo, ofreciendo compensaciones millonarias en dólares para que retiren las acusaciones judiciales.
El gobierno del presidente Javier Milei lleva a cabo una serie de negociaciones discretas con un grupo de inversores damnificados por la presunta estafa del token $LIBRA, un escándalo que estalló hace nueve meses y que ahora amenaza con escalpar directamente al jefe de Estado. La estrategia, que se desarrolla fuera del ojo público, tiene un objetivo claro: lograr que las querellas retiren toda acción judicial contra Milei a cambio de un resarcimiento económico, un movimiento que si bien busca limpiar la imagen presidencial, expone al gobierno a nivel internacional ante un caso de supuesto fraude.
Actores y la misión de limpieza
En el centro de esta compleja operación se encuentra Santiago Viola, apoderado del sello electoral de La Libertad Avanza y hombre de extrema confianza de la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Según reveló La Nación y confirmaron cinco fuentes al tanto de las tratativas, Viola mantiene encuentros con emisarios que representan a los afectados, entre ellos figuras vinculadas al empresario estadounidense Hayden Davis y los lobistas argentinos Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy.
La misión de Viola cuenta con el respaldo explícito de Karina Milei y la coordinación de Darío Wasserman, vicepresidente del Banco Nación. Este equipo opera para contener un escándalo que se remonta a febrero pasado y que involucra la promoción de $LIBRA, una memecoin que, según las denuncias, resultó ser un esquema especulativo sin respaldo, generando pérdidas millonarias para los inversores. El propósito esencial de estas negociaciones secretas es ofrecer compensaciones en dólares para lograr que los damnificados desistan de sus denuncias ante la Justicia, especialmente aquellas que apuntan al entorno presidencial o al propio Javier Milei.
El dilema del «fronting» y la magnitud del fraude
Los contactos actuales son la última instancia de una serie de intentos previos que evidencian la gravedad del caso. La magnitud del fraude es significativa: solo un grupo de más de treinta inversores reportó pérdidas por alrededor de $4.5 millones de dólares, aunque la cifra total podría ser mucho mayor.
En un intento por mediar y desescalar la acción penal, Hayden Davis habría sondeado la posibilidad de devolver unos $100 millones de dólares. Sin embargo, en una mediación en mayo entre abogados de los inversores y los representantes de los promotores, no se logró un acuerdo.
Una de las grandes complicaciones es el dilema del “fronting”, que se refiere a quién debe asumir formalmente la reparación y el costo reputacional asociado. En junio, un colaborador del abogado Fernando Burlando intentó interceder, pero los inversores se negaron a asumir formalmente esta reparación. En este contexto, Viola habría condicionado parte del diálogo a la salida de Burlando de la negociación, dado su pasado de competencia electoral con el partido gobernante.
Separar al Presidente del colapso
La premisa inamovible de la Casa Rosada en estas tratativas es conseguir que las querellas retiren cualquier imputación contra el presidente Javier Milei, con el objetivo de concentrar la responsabilidad penal en Davis, Novelli y Terrones Godoy.
La vinculación del presidente con el caso $LIBRA se hizo evidente cuando organizaciones de la sociedad civil como Inecip y Cipce calificaron al suceso como un “caso excepcional de corrupción”, denunciando que Milei había promovido activamente “un negocio de características privadas” y especulativas. Esta promoción, incluso con videos y publicaciones en redes sociales, es lo que llevó a algunos damnificados a incluirlo en las denuncias presentadas en Comodoro Py.
La condición inamovible para desactivar el juicio
La posibilidad de un acuerdo de compensación está supeditada a una condición que la Casa Rosada ha marcado como innegociable: el desistimiento total de acciones judiciales contra el Presidente.
Este mecanismo de negociación secreta, si bien puede desactivar un proceso judicial incómodo en el corto plazo, tiene un costo reputacional considerable. Al ofrecer un resarcimiento económico a través de figuras ligadas al núcleo del poder, el gobierno estaría, al menos indirectamente, reconociendo la magnitud del fraude y la necesidad de separar al mandatario de sus consecuencias. El hecho de que se barajen cifras millonarias para silenciar el conflicto subraya la seriedad con la que la administración de La Libertad Avanza está manejando este bochorno de alcance global. Las negociaciones continúan, con el foco puesto en evitar que el token $LIBRA se convierta en una mancha indeleble en la gestión del presidente.
