Retorno del control cambiario: La fragilidad del plan económico queda al descubierto

La decisión del Banco Central de la República Argentina (BCRA) de reimplantar el llamado «cepo cruzado» o restricción de 90 días para que las personas humanas que operen con el dólar oficial accedan a los mercados financieros (MEP y CCL), y viceversa, representa un severo revés para el discurso de libertad económica del gobierno nacional. Esta medida, eliminada con bombos y platillos apenas meses atrás, no solo marca un paso atrás en la prometida desregulación, sino que expone la extrema debilidad de las reservas y la incapacidad para sostener la estabilidad cambiaria sin recurrir a viejos mecanismos de control.

La contradicción ideológica en su máxima expresión

Para la administración que se autoproclama la más liberal de la historia, la vuelta de la restricción cruzada es una contradicción flagrante que socava la confianza de los inversores y la credibilidad del programa económico. La medida se asemeja a una solución de corto plazo, una «aspirina» sobre una herida profunda, que prioriza la acumulación artificial de divisas antes que la normalización genuina del mercado.

El principal objetivo es cortar el «rulo» financiero, una maniobra especulativa que permite comprar barato en el mercado oficial y vender caro en el bursátil. Si bien la especulación es un problema, la existencia y rentabilidad de ese «rulo» son, en sí mismas, la prueba irrefutable de que el tipo de cambio oficial está artificialmente bajo y que la brecha cambiaria no se ha cerrado estructuralmente. En lugar de resolver la causa —la escasez de dólares y el atraso cambiario—, el Gobierno opta por restringir la libertad de los individuos para operar con su propio patrimonio, cediendo a las presiones de la coyuntura.

Costos ocultos y consecuencias reales para la economía

La reimplementación de esta restricción tiene consecuencias directas y negativas que el Gobierno parece dispuesto a pagar a cambio de una supuesta calma cambiaria:

1. Daño a la Confianza: El vaivén en las regulaciones cambiarias (eliminar la restricción en abril y reintroducirla pocos meses después) envía una señal de improvisación e inestabilidad, generando incertidumbre en el sector privado y dificultando las proyecciones de inversión a mediano y largo plazo. La ausencia de reglas claras es un veneno para la economía.
2. Presión sobre los Dólares Paralelos: Al «secar» la fuente de oferta de divisas que venía del «rulo» (dólares comprados oficialmente y vendidos en el MEP/CCL), se espera que la demanda que quede en los mercados financieros presione al alza el precio del dólar MEP y el CCL, ampliando la brecha cambiaria justo lo que se buscaba evitar.
3. Dependencia de las Reservas: La medida expone que, sin el colchón de divisas suficiente, el Gobierno debe recurrir a controles de capital para cumplir con la acumulación de reservas exigida por el Fondo Monetario Internacional (FMI). La hoja de ruta del FMI y la necesidad de evitar una crisis de balanza de pagos tienen más peso que la promesa de un mercado cambiario totalmente libre.

Un Control Disfrazado de Gestión

La imposición de una declaración jurada y la amenaza implícita de una sanción, aunque aún no especificada, para quienes incumplan la norma, instala nuevamente un mecanismo de vigilancia estatal sobre las transacciones privadas. Esto retrotrae el mercado a las peores prácticas del pasado, donde la burocracia y la discrecionalidad oficial reemplazaban la fluidez y transparencia.

La restricción a las «personas humanas» es vista por los críticos como una maniobra desesperada para ganar tiempo y proteger las escasas reservas líquidas en un contexto de fuerte incertidumbre. El fin último no es la normalización económica, sino la gestión de la crisis de reservas a costa de la libertad individual y la tan ansiada apertura del mercado, confirmando que la ideología de un mercado libre sigue siendo una meta lejana e inalcanzable ante la implacable realidad del desequilibrio fiscal y monetario crónico de Argentina.