El sistema eléctrico, al límite: riesgo de colapso en el verano por falta de obras

El sistema energético argentino enfrenta una situación crítica que se agrava cada año, y el gobierno de Javier Milei no ha logrado destrabar la parálisis de obras clave para su funcionamiento. A pesar de las advertencias de autoridades de CAMMESA, la compañía que administra el mercado eléctrico, no se ha concretado ninguna obra de generación ni de transporte con fondos públicos ni privados. Este inmovilismo genera una seria preocupación: el sistema podría colapsar durante los picos de consumo de energía, especialmente si las temperaturas alcanzan niveles extremos.

A diferencia de los cortes habituales en la distribución, que afectan a las redes de empresas como Edesur o Edenor, la advertencia actual apunta a una amenaza de mayor escala: la saturación de las redes de transporte o, peor aún, la falta de capacidad de generación del país para abastecer la demanda máxima. La situación es tan precaria que el sistema depende en gran medida de las importaciones de electricidad desde Brasil, Paraguay y Uruguay. Si una sequía afecta a las represas brasileñas, por ejemplo, el país podría quedarse sin el excedente de energía necesario para cubrir su demanda.

La única medida en el horizonte: un plan de ahorro

Ante la falta de avances en las obras de infraestructura, el Gobierno estaría preparando una medida paliativa para el inminente verano: una resolución que incentivaría a hogares y grandes usuarios a reducir su consumo eléctrico. Aquellos que logren consumir menos energía recibirían una remuneración a cambio, buscando así descomprimir el sistema. La letra chica de esta medida aún se desconoce, pero evidencia la falta de soluciones estructurales a corto plazo.

La ambiciosa obra AMBA I, que es crucial para reforzar el anillo del Gran Buenos Aires, la zona de mayor consumo del país, permanece en un estado de completa indefinición. A fines del año pasado, se propuso financiarla con un cargo fijo en las facturas de los usuarios, pero disputas internas en el Gobierno paralizaron el proyecto. Hasta el momento, no se ha lanzado una licitación pública ni se ha logrado captar la iniciativa privada, debido a la falta de financiamiento y la reticencia de los inversores a asumir proyectos de alto riesgo y largo plazo en un contexto de elevada incertidumbre económica.

Proyectos de almacenamiento y obras prioritarias

La única licitación que ha avanzado es el proyecto AlmaGBA, que busca incorporar sistemas de almacenamiento de energía eléctrica (baterías) en las zonas críticas de Edenor y Edesur. Con una inversión estimada en 540 millones de dólares, se espera incorporar casi 700 MW de capacidad. Sin embargo, se prevé que estos sistemas no estarán operativos hasta dentro de 12 o 18 meses, por lo que no brindarán alivio para el próximo verano.

Recientemente, el Gobierno identificó 16 obras de infraestructura prioritarias, entre las cuales destacan tres proyectos por su carácter urgente:

• AMBA I: Una línea de 500 kilómetros que conectará la central Atucha con Ezeiza.
• Línea de 500 kV Río Diamante-Charlone-O’Higgins: Conecta Mendoza con Buenos Aires.
• Línea de 500 kV Puerto Madryn-Choele Choel-Bahía Blanca: Unirá Chubut con el sur de Buenos Aires.

Estas obras, que demandarían una inversión superior a los 2 mil millones de dólares, son las mismas que ya habían sido identificadas como urgentes por gobiernos anteriores. Para intentar impulsarlas, el Gobierno implementó una nueva modalidad de contratos de concesión donde los privados deberán conseguir el financiamiento, liberando al Estado de la carga de los fondos públicos. Sin embargo, la concreción de estos proyectos dependerá de que los inversores privados estén dispuestos a asumir el riesgo en un contexto económico tan volátil.