Casación Penal confirma condenas por delitos de lesa humanidad

En una decisión trascendental para la justicia y la memoria histórica del país, la Cámara Federal de Casación Penal ha confirmado nuevas condenas por delitos de lesa humanidad perpetrados durante la última dictadura cívico-militar en Argentina. Las sentencias ratificadas corresponden al ex juez federal de Santa Fe, Víctor Hermes Brusa, y a la exagente de la Brigada Femenina de la URI santafesina, María Eva Aebi, en un fallo que subraya la responsabilidad de diversos actores en el aparato represivo.

La Sala II del máximo tribunal penal del país, integrada por los jueces Ángela Ledesma, Alejandro Slokar y Guillermo Yacobucci, rechazó por unanimidad los recursos presentados por la defensa de Brusa. Con esta resolución, se confirmó la pena de ocho años de prisión impuesta al exfuncionario judicial por su participación en apremios ilegales contra tres víctimas durante el período dictatorial.

En el mismo fallo, el tribunal ratificó la condena a seis años y seis meses de prisión para María Eva Aebi. La exagente fue hallada responsable de su complicidad en la privación ilegal de la libertad agravada de dos mujeres, en un hecho que revela la brutalidad del régimen: una de las víctimas estaba embarazada al momento del secuestro y la otra era menor de edad.

El rol del Poder Judicial en el terrorismo de Estado

El juez Alejandro Slokar, en su voto, enfatizó la naturaleza de los hechos como un caso de genocidio, y destacó el rol activo que una parte significativa del Poder Judicial desempeñó durante el régimen dictatorial. Slokar advirtió que el sistema judicial no fue meramente complaciente o apolítico, sino que contribuyó activamente a la legitimación del aparato represivo. Esto se manifestó a través de diversas conductas, como el rechazo sistemático de recursos de hábeas corpus, la validación de normativas represivas de facto, y la complicidad en causas armadas, desapariciones forzadas y la apropiación ilegal de menores.

Respecto al accionar específico de Víctor Brusa, se logró probar que, en su rol de funcionario del Juzgado Federal de Santa Fe, se presentaba en centros clandestinos de detención. Allí, bajo el pretexto de actuar como secretario judicial, sometía a las víctimas a interrogatorios brutales, que incluían torturas, con el objetivo de forzar la firma de confesiones previamente redactadas, legitimando así las atrocidades. Entre las víctimas de esta causa se encuentran Francisco Klaric, Luis Eduardo Baffico y Carlos Chiarulli.

En cuanto a María Eva Aebi, se confirmó su responsabilidad por custodiar y participar directamente en las detenciones ilegales de María de los Milagros Almirón y Marta Susana Berra. Es crucial destacar que, al momento de su secuestro, María de los Milagros Almirón tenía 14 años, y Marta Susana Berra estaba embarazada, circunstancias que agravan aún más la crueldad de los delitos.

Preservación de la memoria y alerta ante el negacionismo

El juez Slokar subrayó que estos delitos son una clara evidencia de «la naturaleza profundamente inhumana del régimen dictatorial». En un llamado a la acción, exhortó a resguardar y digitalizar todo el material probatorio de la causa, de acuerdo con las acordadas vigentes. Este proceso es fundamental para garantizar el acceso público a la información y su preservación inalterable para las futuras generaciones, como un pilar de la memoria histórica.

Adicionalmente, el fallo de Casación recogió recientes advertencias emitidas por expertos de organismos internacionales como la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH). Estas instituciones han alertado sobre el peligro que representa la adopción de posturas negacionistas en relación con las graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la dictadura. En este contexto, el tribunal exhortó al Estado argentino a cumplir con su obligación internacional de garantizar la verdad, la justicia y la reparación integral a todas las víctimas del terrorismo de Estado.

Esta confirmación de condenas no solo cierra un capítulo más de impunidad, sino que también refuerza el compromiso inquebrantable de la justicia argentina con los principios de derechos humanos y la irrenunciable tarea de mantener viva la memoria de lo sucedido, combatiendo cualquier intento de reescribir o negar la historia.