El PAMI continúa poniendo trabas a los jubilados

En una medida que profundiza la angustia de los adultos mayores, el PAMI suma a los jubilados celíacos a una extensa lista de trámites burocráticos para justificar la continuidad de un subsidio congelado. La exigencia de estudios y certificaciones para acceder a harinas sin gluten o medicamentos gratuitos expone la insensibilidad de la gestión actual ante las necesidades de un sector vulnerable.

La administración del Programa de Atención Médica Integral (PAMI) ha generado una nueva ola de indignación al incluir a los jubilados con celiaquía dentro de un listado de 17 trámites engorrosos que los afiliados deben completar para seguir percibiendo en abril un subsidio económico cuyo monto permanece inalterado. Esta exigencia obliga a los adultos mayores a presentar, de manera virtual o presencial, una serie de estudios, certificaciones y requisitos para acceder a harinas y premezclas libres de gluten, vitales para su salud, o para continuar recibiendo medicamentos gratuitos para tratamientos específicos.

Esta decisión se enmarca en una política que transforma los subsidios por razones sociales, que históricamente fueron un derecho, en excepciones reservadas para aquellos afiliados que logren demostrar su incapacidad económica para afrontar el costo de sus medicamentos ambulatorios con descuento. Esta nueva lógica de «excepcionalidad» impone una carga administrativa considerable a una población que, en muchos casos, enfrenta serias dificultades para navegar por los laberínticos procesos burocráticos.

La imposición de la gestión online como vía principal para realizar estos trámites representa una barrera infranqueable para un porcentaje significativo de los adultos mayores. Según datos de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), el 36,1% de las personas mayores de 65 años no utiliza internet, el 81% no maneja una computadora y el 21% se limita a las funciones básicas de su teléfono celular. Para estos jubilados, la alternativa de desplazarse a los centros de atención del PAMI tampoco es sencilla, considerando que un 40% de la tercera edad padece algún tipo de discapacidad que dificulta su movilidad autónoma, según un relevamiento oficial de hace tres años.

La implementación de un sistema de cruce de datos eficiente hubiera permitido al PAMI identificar y excluir directamente de la gratuidad a aquellos afiliados que no cumplen con los requisitos establecidos, como aquellos con prepaga, ingresos superiores a 1,5 haberes previsionales mínimos, hogares con convivientes con CUD e ingresos elevados, propietarios de múltiples inmuebles, titulares de bienes de lujo o vehículos de reciente modelo, y aquellos con activos societarios con capacidad económica plena. La omisión de esta estrategia revela una clara intención de obstaculizar el acceso al beneficio, en lugar de focalizar la ayuda en quienes realmente la necesitan.

El programa «Subsidio económico por celiaquía» llega a abril de 2025 con un monto congelado de $38.154,60, una cifra que, ante la creciente inflación, resulta cada vez más insuficiente para cubrir las necesidades alimentarias específicas de las personas con esta condición. Para acceder a este subsidio, los aspirantes deben presentar un exhaustivo resumen de su historia clínica, incluyendo sintomatología, resultados serológicos e histopatológicos, además de una certificación del diagnóstico emitida por un especialista.

Si bien el PAMI anunció una ayuda económica para jubilados mayores de 70 años sin jubilación y excombatientes de Malvinas, la burocracia impuesta para acceder a la cobertura total de medicamentos ambulatorios a través del Subsidio por Razones Sociales se erige como un filtro excluyente. La medicación gratuita sujeta a aprobación abarca 14 patologías, además de tratamientos oncológicos, reumatológicos complejos (como la artritis reumatoidea) y endocrinológicos complejos.

La lista de especialidades cuyos medicamentos requieren una demostración de necesidad, fuera del subsidio social, es extensa e incluye áreas como endocrinología, neurología, oftalmología, reumatología y urología, entre otras. En todos estos casos, los afiliados que cumplen con los requisitos pueden solicitar hasta cuatro medicamentos con cobertura del 100% de forma virtual. Si necesitan más, deben realizar el trámite presencialmente.

Incluso para aquellos afiliados cuyos ingresos no superan el umbral establecido pero el costo de sus medicamentos representa el 15% o más de sus ingresos, se exige un mecanismo especial que incluye la presentación de un informe social, una escala de vulnerabilidad socio-sanitaria y una revalidación médica. Los Veteranos de Guerra del Atlántico Sur, aunque no están sujetos a los mismos requisitos, igualmente deben solicitar el subsidio. Para la cobertura de medicamentos oncológicos, la receta electrónica es obligatoria, además de la presentación de documentación respaldatoria y un resumen de la historia clínica.

En definitiva, la política del PAMI bajo la actual gestión libertaria se caracteriza por un endurecimiento de las condiciones de acceso a subsidios esenciales para la salud de los jubilados. La imposición de trámites complejos, la priorización de la gestión online y la falta de actualización de los montos de ayuda evidencian una falta de sensibilidad ante las necesidades de un sector de la población que ya de por sí enfrenta numerosas dificultades económicas y de salud. Esta «crueldad libertaria», como algunos ya la denominan, genera una profunda preocupación por el bienestar de los adultos mayores y el respeto de sus derechos fundamentales.