Escándalo $LIBRA: investigan el rol de un funcionario de la Comisión Nacional de Valores

El escándalo financiero vinculado a la criptomoneda $LIBRA sigue sumando implicados y novedades judiciales. En esta ocasión, Sergio Daniel Morales, especialista en Fintech y blockchain, presentó su defensa legal en la causa que investiga el presunto fraude. Morales, quien forma parte del Gobierno como asesor en la Comisión Nacional de Valores (CNV), es una de las figuras bajo escrutinio debido a su relación con Karina Milei, secretaria general de la Presidencia, también denunciada por presunto cohecho y tráfico de influencias.

El desplome de $LIBRA, criptomoneda promocionada por el propio Javier Milei a través de redes sociales, dejó a cientos de inversores con pérdidas millonarias en cuestión de minutos. Desde entonces, la Justicia ha centrado su atención en diversos actores políticos y financieros involucrados en su difusión y comercialización. Entre ellos, Morales y Mauricio Novelli, promotor del Tech Forum, han sido objeto de un seguimiento minucioso por parte de los fiscales encargados del caso.

El periodista Ariel Zak reveló en el programa Minuto Uno que Morales es el primer funcionario del Gobierno que designó abogados defensores, sumándose a los imputados Novelli y Manuel Terrones Godoy, quienes ya habían realizado el mismo procedimiento. Con la representación de Ramiro Salaber y Karin Kozak, Morales podrá acceder al expediente y proponer medidas de prueba en el marco de la investigación.

El avance de la causa también genera repercusiones políticas, ya que la presencia de un asesor gubernamental en el proceso judicial podría abrir nuevas líneas de investigación sobre la posible implicación de otros funcionarios y del propio presidente Milei. Esto se suma a la preparación de nuevas medidas por parte de la Fiscalía Federal a cargo de Eduardo Taiano, quien planea solicitar exhortos internacionales y analizar las reuniones realizadas en la Casa Rosada y la Quinta de Olivos antes del lanzamiento de $LIBRA.

Entre las diligencias previstas, se encuentra el rastreo de la ubicación de los dispositivos celulares de los principales investigados mediante un análisis de celdas y antenas, para lo cual se requerirá información a las compañías de telecomunicaciones. Además, el Ministerio Público busca esclarecer si, además de fraude, existieron delitos como cohecho y tráfico de influencias, lo que podría comprometer directamente a figuras clave del Gobierno.

El escándalo en torno a $LIBRA continúa escalando y sus efectos podrían repercutir no solo en el ámbito financiero, sino también en el terreno político. Mientras la investigación avanza, el Gobierno enfrenta un desafío creciente ante la posibilidad de que las responsabilidades legales alcancen a sus máximos niveles de conducción.