El impacto del modelo Milei en las PyMEs: 25.000 cierres y 364.000 empleos perdidos

El impacto del modelo de Javier Milei en las pequeñas y medianas empresas (PyMEs) argentinas ha alcanzado niveles críticos, transformando la recesión en un daño estructural. Según el último informe de coyuntura del Observatorio de Industriales PyMEs Argentinos (IPA), presentado el 30 de mayo de 2026, la política económica oficial ha provocado el cierre definitivo de 24.978 empresas y la destrucción de 364.554 empleos asalariados desde diciembre de 2023. La denominada «paz cambiaria» que exhibe el Ejecutivo se sostiene sobre un desplome generalizado de la actividad productiva y el consumo interno.

El derrumbe en números: 26 meses de caída laboral

El estudio dirigido por el economista Federico Vaccarezza, basado en registros oficiales de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo (SRT), demuestra que el mercado laboral formal encadena más de dos años en terreno negativo. La industria manufacturera se posiciona como el sector más afectado por la crisis, con la pérdida de 48.950 puestos de trabajo registrados en la comparación interanual a abril de 2026.

Para febrero de este año, el sector secundario ocupaba a 1.138.536 trabajadores formales, frente a los 1.187.486 del mismo mes del año anterior. La tendencia no muestra signos de estabilización: la medición desestacionalizada arrojó una pérdida neta de 2.594 empleos solo entre enero y febrero de 2026. Desde el Observatorio IPA advierten que la persistencia del fenómeno evidencia que el ajuste dejó de ser una transición para consolidarse como un retroceso estructural del aparato productivo.

Este escenario se desenvuelve en un contexto de fuerte contracción estatal, donde el gasto primario total sufrió un recorte real del 31% desde el inicio de la gestión libertaria. Asimismo, las transferencias a las provincias se redujeron un 66% y los programas sociales cayeron un 61%, condicionados por las metas fiscales asumidas ante el Fondo Monetario Internacional (FMI) en el marco del acuerdo por USD 20.000 millones ratificado en abril de 2025.

El «efecto pinza» y el ahogo del mercado interno

Crisis cambiaria y costos en alza

La conducción de IPA, encabezada por Daniel Rosato, describió el mecanismo macroeconómico que asfixia al entramado empresarial. El fenómeno, denominado «efecto pinza», combina una inflación rígida en pesos con un tipo de cambio oficial prácticamente inmóvil. Esta dinámica encarece los costos operativos internos en dólares y despoja de competitividad externa a las fábricas nacionales, imposibilitando la exportación de manufacturas y desprotegiendo el mercado local frente a la producción importada.

Caída del consumo en hogares

La contracción del mercado interno es la derivación directa del esquema financiero actual. Los datos de IPA reportaron una baja del 3,1% en las ventas de los supermercados durante el primer trimestre de 2026. Paralelamente, el monitoreo comercial reveló que casi el 60% de las transacciones en dichos establecimientos se financiaron con tarjetas de crédito u otros mecanismos de pago diferido, exponiendo el deterioro del poder adquisitivo y la crisis de ingresos que afecta a la población.

«Estamos ante un modelo que festeja la paz cambiaria y el riesgo país a costa de la destrucción sistemática del mercado interno. El rebote del que habla el Gobierno es un espejismo para la economía real, porque está atado a sectores extractivos que no generan empleo masivo», señaló Rosato a la Agencia NA.

Concursos preventivos superan los registros de la pandemia

La insolvencia financiera se trasladó a los tribunales comerciales de forma acelerada. De acuerdo con las estadísticas de la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Comercial de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires, analizadas por el Departamento de Legales de IPA, los concursos preventivos de acreedores experimentaron un incremento del 131,71%. Durante el año 2025 se abrieron 190 expedientes judiciales en la Capital Federal, en contraste con los 82 tramitados en 2023. El indicador supera con holgura los 106 concursos registrados en el peor período de la crisis sanitaria por COVID-19.

La proyección para el año en curso anticipa la superación de los máximos históricos nacionales. Durante el primer trimestre judicial de 2026 (febrero-abril), se iniciaron 92 procesos concursales nuevos. A nivel país, las métricas de la SRT correspondientes a enero de 2026 ya reflejaban una tasa de desaparición empresarial cercana a las 70 firmas diarias. Ante este panorama, la entidad fabril solicitó formalmente al presidente Javier Milei y al ministro de Economía, Luis Caputo, la declaración de una emergencia económica que suspenda ejecuciones fiscales y otorgue plazos regulatorios para recomponer el capital de trabajo sectorial.

Superávit por compresión: el análisis del saldo comercial

El saldo comercial positivo de USD 8.277 millones que el Palacio de Hacienda presenta como un logro de gestión recibe una lectura opuesta por parte de los especialistas industriales. El informe técnico estipula que el ingreso de divisas responde primordialmente a las actividades primarias de carácter extractivo, mientras que las importaciones de insumos clave para la producción nacional registraron caídas significativas: la adquisición de bienes de capital se retrajo un 7,1% y la de piezas y accesorios se contrajo un 23,1%.

El IPA define esta coyuntura bajo el concepto de «superávit por compresión». El saldo favorable no se origina en una mayor inserción global o eficiencia fabril, sino en la parálisis de la inversión privada y la menor necesidad de insumos debido al freno de las líneas de producción. Esta tendencia coincide con las advertencias del Foro Economía y Trabajo, que en su informe del 4 de mayo de 2026 puntualizó cómo el ajuste fiscal impacta en la estructura socioeconómica sin alterar las tasas de rentabilidad de los sectores más concentrados de la economía.

Conclusión: una estabilidad financiera sin base real

Los datos del Observatorio IPA exponen la contradicción entre los indicadores financieros de la macroeconomía y la sustentabilidad del sector privado productivo. La prioridad gubernamental de sostener la disciplina fiscal y la estabilidad cambiaria opera mediante una transferencia de recursos que debilita a las pequeñas y medianas empresas, principales generadoras del empleo privado en Argentina. La falta de articulación entre los rendimientos de la bolsa de comercio y la actividad fabril cotidiana advierte sobre la fragilidad de un programa económico que avanza con la pérdida diaria de fuentes de trabajo y la desaparición de capital social e industrial básico.