Criptoestafa: Milei designa a su propio equipo para investigarlo
El Gobierno nombró a una persona de confianza del ministro de Justicia para encabezar la Unidad de Tareas de Investigación sobre el criptogate, mientras bloqueó la creación de una comisión independiente en el Senado.
El escándalo por la criptoestafa promocionada por Javier Milei sigue generando repercusiones en el ámbito político y judicial. Con miles de damnificados y pérdidas millonarias, el Presidente optó por una estrategia que genera sospechas: puso a investigar el caso a una funcionaria de extrema confianza del ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona. Así lo confirmó el Boletín Oficial, donde se oficializó el nombramiento de María Florencia Zicavo al frente de la Unidad de Tareas de Investigación (UTI), un organismo creado por el propio Ejecutivo con el supuesto fin de esclarecer lo sucedido con $Libra.
El anuncio despertó críticas de la oposición y de sectores que exigen una investigación imparcial. La designación de Zicavo, titular de la Unidad de Gabinete de Asesores del Ministerio de Justicia y persona de extrema confianza de Cúneo Libarona, plantea interrogantes sobre la transparencia del proceso. Mientras tanto, el Gobierno evitó la creación de una comisión investigadora en el Senado, maniobra que incluyó insólitos cambios de postura, como el del senador mendocino Eduardo Vischi, quien impulsó la iniciativa para luego votar en contra.
El objetivo de la UTI es recopilar información sobre el escándalo y aportarla a la Oficina Anticorrupción, un organismo que también responde al Ejecutivo. La falta de independencia en el proceso despierta alertas, ya que Milei evitó que lo investiguen sectores opositores y eligió a funcionarios de su propio entorno para encabezar la pesquisa.
A este escándalo se suma otra denuncia de gran impacto: el supuesto pago de coimas por parte de empresarios para acceder a reuniones con el Presidente, bajo la gestión de su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei. Estas revelaciones agravan la crisis de imagen del Gobierno, que también enfrenta cuestionamientos a nivel internacional.
Revistas especializadas en economía como Forbes publicaron informes lapidarios sobre el caso, calificándolo como «el robo de criptomonedas más grande de la historia» y cifrando el perjuicio en 4600 millones de dólares. La Justicia estadounidense también sigue de cerca el desarrollo del caso, lo que podría traer consecuencias a nivel diplomático y financiero.
Lejos de disiparse, el criptogate se convierte en una sombra que amenaza con profundizar la crisis del Gobierno. La decisión de autoinvestigarse no hace más que incrementar las sospechas sobre un caso que trasciende fronteras y mantiene en vilo a miles de damnificados.
