Polémica por el abandono de más de 16.000 viviendas en la Provincia
El gobierno bonaerense denunció que la gestión de Javier Milei paralizó proyectos habitacionales clave. Silvina Batakis advirtió sobre la gravedad del impacto social.
El conflicto entre la Provincia de Buenos Aires y el gobierno nacional por la paralización de obras habitacionales suma un nuevo capítulo. La ministra de Hábitat y Desarrollo Urbano bonaerense, Silvina Batakis, denunció que más de 16.000 viviendas quedaron abandonadas tras la disolución de la Secretaría de Desarrollo Territorial, Hábitat y Vivienda.
A través de sus redes sociales, Batakis expuso que 16.147 viviendas distribuidas en diversos municipios bonaerenses quedaron inconclusas, algunas con un avance del 90%. La funcionaria cuestionó que estas obras, financiadas con recursos públicos, se encuentren detenidas debido a la decisión del gobierno de Javier Milei de desmantelar la Secretaría que gestionaba programas como Procrear y Casa Propia.
“El cierre de la Secretaría de Vivienda significa abandono definitivo. La gente les importa NADA”, criticó Batakis, subrayando la falta de voluntad del gobierno nacional para transferir legalmente las obras a la Provincia. Pese al estancamiento, aseguró que se continúa avanzando con obras en los 135 municipios bonaerenses.
El gobierno nacional justificó la medida argumentando que la política de vivienda debe ser gestionada por provincias, municipios y el sector privado, reduciendo la intervención estatal. Esta visión, en línea con la postura liberal de Milei, ha generado un fuerte rechazo desde la administración bonaerense, que advierte sobre el impacto social de paralizar proyectos en curso.
En paralelo, Batakis destacó que la Provincia mantiene en ejecución 8.000 viviendas financiadas con recursos propios y reafirmó su compromiso de garantizar el acceso al hogar en todo el territorio bonaerense.
El conflicto expone un choque de visiones sobre el rol del Estado en políticas habitacionales. Mientras el gobierno nacional impulsa la descentralización y el mercado como motor, la administración bonaerense reclama la continuidad de proyectos financiados con fondos públicos. El destino de miles de familias, en medio de esta disputa, sigue siendo incierto.
