El Gobierno Nacional recorta pensiones a personas con discapacidad en plena crisis
La eliminación de 177.740 pensiones sin concluir auditorías genera indignación social, mientras se denuncia la suspensión de servicios esenciales por falta de fondos.
Un ajuste presupuestario cuestionado
El proyecto de presupuesto 2025 del Gobierno Nacional contempla un recorte significativo en las pensiones no contributivas por invalidez laboral, afectando a miles de personas con discapacidad. Según denuncian las organizaciones de derechos humanos, el ajuste eliminaría 177.740 beneficios antes de que concluyan las auditorías en curso, cuyos resultados se conocerán en mayo de 2025.
«El recorte es arbitrario y condena a la vulnerabilidad a miles de personas que dependen de este ingreso para cubrir necesidades básicas», expresó Pablo Molero, coordinador del Foro Permanente para la Promoción y Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad.
El presupuesto refleja una reducción de $679 mil millones para este rubro en comparación con 2024, pasando de $3,034 billones a $2,355 billones. Esto ha intensificado las críticas hacia un ajuste que se percibe como insensible en un contexto de alta inflación y crisis económica.
Dificultades en el acceso y servicios suspendidos
Las personas con discapacidad enfrentan múltiples trabas administrativas. Se exige la renovación de documentación en plazos cortos, algo inviable para quienes dependen del sistema público de salud. Gabriela Bruno, activista por los derechos de las personas con discapacidad, explicó: “Los tiempos son imposibles. Desde que pedís un turno en el sistema público hasta que te lo dan, ya vencieron los plazos”.
A esto se suma la suspensión de servicios de transporte y salud debido a la falta de actualización en los honorarios de los prestadores, que han quedado muy por debajo de la inflación. Esta situación afecta de manera directa a la movilidad y atención médica de las personas con discapacidad, agravando su situación de vulnerabilidad.
El decreto 843/24 bajo la lupa
Otro eje de controversia es el decreto 843/24, que restringe las pensiones no contributivas exclusivamente a personas con invalidez laboral, excluyendo a otros grupos con discapacidad que antes eran beneficiarios. Las organizaciones exigen su derogación inmediata, señalando que este cambio profundiza las desigualdades y deja sin cobertura a quienes más la necesitan.
Protestas y reclamos sociales
El 20 de noviembre, manifestaciones en todo el país, incluyendo una concentración en Olivos, visibilizaron el descontento social. Los reclamos apuntan no solo a la reversión del recorte, sino también al aumento de los fondos destinados a pensiones y la mejora en los servicios esenciales para garantizar derechos básicos.
