Universidades en pie de lucha: crece la tensión por el financiamiento
El Gobierno propone $3,8 billones para las universidades públicas, mientras los rectores exigen $7,2 billones. Se prevé una nueva marcha en octubre ante la falta de diálogo.
La disputa entre el Ejecutivo y las universidades nacionales por el presupuesto destinado al sector educativo sigue intensificándose. Tras el veto presidencial al presupuesto aprobado en el Senado, el anuncio de Javier Milei en el Congreso ha reavivado el conflicto. El Gobierno destinó menos de la mitad de los fondos solicitados, lo que provocó un fuerte rechazo por parte de los rectores, quienes, junto a federaciones de docentes y no docentes, ya anticipan una nueva movilización.
En su discurso sobre el Presupuesto 2025, el presidente Javier Milei confirmó que el Gobierno asignará $3,8 billones a las universidades públicas, una cifra que dista significativamente de los $7,2 billones reclamados por el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN). Este organismo, que agrupa a los rectores de las universidades nacionales, considera que el monto propuesto es insuficiente para cubrir las necesidades del sector, sobre todo en lo que respecta a la recomposición salarial.
Víctor Moriñigo, presidente del CIN y rector de la Universidad Nacional de San Luis, expresó su preocupación por la falta de ajuste en los salarios docentes y no docentes frente a la inflación: “El presupuesto presentado no contempla la recuperación salarial, lo que significa que en 2025 los sueldos se mantendrán al mismo nivel que en la actualidad”. Moriñigo también señaló que el Gobierno no ha mostrado interés en dialogar, lo que refuerza la posibilidad de medidas de fuerza.
Los gremios universitarios, que representan a docentes, investigadores y personal administrativo, han expresado reiteradamente su descontento con las actualizaciones presupuestarias realizadas por el Gobierno durante el año. Aunque se otorgaron aumentos en los meses recientes —un 16% en febrero, seguido de incrementos menores en los meses siguientes—, estas subas no logran equiparar el impacto de la inflación, que se prevé en un 18% para 2025.
El CIN y las federaciones sindicales evalúan llevar a cabo una nueva marcha en octubre, con el objetivo de presionar al Congreso para que reconsidere la votación del presupuesto universitario y así sortear el veto presidencial. Según Moriñigo, la única solución sería que el Gobierno acceda a un diálogo que permita ajustar los fondos asignados a las universidades, aunque el rector se mostró escéptico: “No creemos que haya voluntad política para resolver esta situación”.
