Ara San Juan: a nueve años del hundimiento exigen justicia

A nueve años del hundimiento del Ara San Juan, la querella mayoritaria cuestionó el fallo judicial, exigió justicia y elevó su reclamo a Casación.

Al cumplirse un nuevo aniversario de la tragedia que costó la vida a 44 tripulantes en el Atlántico Sur, la querella mayoritaria del caso Ara San Juan difundió un contundente comunicado en el que renovó su reclamo de justicia, cuestionó el reciente veredicto judicial dictado en Río Gallegos y exigió una revisión integral ante la Cámara Federal de Casación Penal.

Un fallo judicial insuficiente y cuestionado por las familias

El pronunciamiento, encabezado por las abogadas querellantes Valeria Carreras y Lorena Arias, puso de manifiesto el profundo descontento de los familiares frente a la sentencia emitida el pasado 8 de julio por el Tribunal Oral en lo Criminal Federal de Santa Cruz. En dicho juicio oral, el veredicto recayó sobre cuatro exjefes de la Armada argentina, concluyendo con una única condena y tres absoluciones que generaron fuerte controversia en el ámbito jurídico y social.

El único imputado hallado responsable fue el excapitán de navío Claudio Javier Villamide, excomandante de la Fuerza de Submarinos, quien recibió una pena de tres años de ejecución condicional e inhabilitación especial por el doble de tiempo tras ser considerado autor de incumplimiento de los deberes de funcionario público en concurso ideal con estrago culposo agravado por el resultado muerte. Para la querella, esta sanción resulta exigua frente a la magnitud de las pérdidas humanas y la gravedad institucional de los hechos juzgados.

Por su parte, el tribunal dictó la absolución de los otros tres altos mandos militares que habían llegado a juicio: Luis Enrique López Mazzeo, excomandante de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada; Héctor Aníbal Alonso, exjefe del Estado Mayor del Comando de la Fuerza de Submarinos; y Hugo Miguel Correa, exjefe de Operaciones de la misma dependencia. Esta resolución dividida profundizó el reclamo de los familiares, que consideran que la cadena de responsabilidades abarcó a sectores jerárquicos superiores que no recibieron condena penal.

La negativa a la fatalidad: un siniestro que era evitable

A lo largo del comunicado difundido este fin de semana, las representantes legales remarcaron que el debate oral permitió consolidar una verdad probada que exime de culpas a los submarinistas fallecidos. «No fue un accidente. No fue la tormenta perfecta. No fue culpa de la tripulación. Era evitable», sostuvieron con énfasis, apuntando directamente a las condiciones operativas en las que el buque fue enviado a navegar.

La argumentación central de la querella sostiene que la tragedia no respondió a una fatalidad imprevisible, sino a una sucesión de decisiones administrativas y operativas adoptadas por el Estado y la cadena de mando militar. Según el planteo jurídico, se expuso con claridad que la embarcación no se encontraba en las condiciones técnicas idóneas para cumplir la misión asignada en el mar argentino, evidenciando una falla estructural en los controles de seguridad y mantenimiento vigentes en aquel momento.

Apelación en curso y el trasfondo del espionaje ilegal

Ante este escenario, la querella confirmó que ya se formalizó el recurso de apelación ante la Cámara Federal de Casación Penal. La presentación busca revertir las absoluciones dictadas y elevar el monto de la pena impuesta a Villamide, argumentando que la sanción actual no guarda proporción con la pérdida de 44 vidas humanas ni con la afectación al servicio de defensa nacional. El expediente se encuentra tramitando las etapas procesales correspondientes en el máximo tribunal penal del país.

Asimismo, el pronunciamiento colectivo recordó que las demandas de los allegados exceden el ámbito estrictamente vinculado al naufragio. Continúa pendiente de resolución ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la denuncia formal contra los sobreseimientos dictados en la causa conexa que investigó el espionaje ilegal sistemático perpetrado contra los familiares mientras realizaban vigilias y protestas públicas en demanda de verdad y justicia. «Las familias no solo perdieron a sus seres queridos: también fueron espiadas mientras reclamaban justicia», sentenciaron las abogadas.

A nueve años de aquel fatídico noviembre de 2017, el reclamo de los familiares del Ara San Juan mantiene vigencia institucional. Con los recursos legales elevados a las instancias federales y la causa internacional abierta en la CIDH, la exigencia de una condena integral a los mandos responsables continúa firme, exigiendo que la justicia alcance la dimensión de la tragedia ocurrida en el Atlántico Sur.