El Gobierno recorta pensiones por invalidez: ajuste brutal disfrazado de auditoría

El anuncio del Gobierno de eliminar entre 120.000 y 160.000 Pensiones No Contributivas por Invalidez Laboral ha desatado una tormenta de críticas. Bajo la justificación de corregir supuestas irregularidades, la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) ha iniciado un proceso de auditoría que amenaza con dejar a miles de personas sin su única fuente de ingreso. Detrás de esta medida, que afecta a los sectores más desprotegidos, se esconde lo que muchos consideran un ajuste despiadado y carente de sensibilidad social.

Un ajuste sin escrúpulos bajo la excusa de «depuración»

La ANDIS ha comenzado la auditoría en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires y la provincia de Buenos Aires, extendiéndose progresivamente al resto del país. Las cifras son alarmantes: de los 400.000 beneficiarios auditados, se estima que hasta un 40% podría perder su pensión. Estos recortes afectan directamente a personas que reciben un ingreso que equivale al 70% de la jubilación mínima, dejándolos al borde de la indigencia.

El Gobierno asegura que la medida es necesaria para corregir irregularidades y asegurar que solo quienes verdaderamente lo necesitan reciban este beneficio. Sin embargo, no ha ofrecido detalles claros sobre los criterios utilizados en la revisión, lo que despierta sospechas de que esta «auditoría» no es más que un recorte masivo disfrazado de corrección administrativa. Se trata, en última instancia, de una medida de ajuste que golpea, una vez más, a quienes menos tienen, mientras el Ejecutivo busca cerrar brechas fiscales a costa de los más vulnerables.

Un proceso opaco y arbitrario que desprotege a los más débiles

Entre los casos revisados, la ANDIS ha señalado que solo el 7% cumplía con los requisitos legales para recibir la pensión, una cifra que genera más preguntas que respuestas. ¿Cómo es posible que tantos casos sean supuestamente irregulares? Las explicaciones oficiales parecen más un pretexto para justificar el recorte indiscriminado que una verdadera intención de depuración. La falta de transparencia y la arbitrariedad del proceso dejan a miles de personas sin capacidad de defensa ni posibilidad de apelar.

Las denuncias de que se encontraron documentaciones médicas falsificadas o duplicación de expedientes suenan más a excusas que a razones válidas para una medida de tal magnitud. En lugar de un proceso equitativo que permita a los beneficiarios demostrar su elegibilidad, el Gobierno ha optado por una purga masiva y expedita, sin contemplar el impacto devastador que esta tendrá en las vidas de los afectados.

El recorte como única respuesta: la insensibilidad del ajuste

Las principales víctimas de esta medida serán aquellos que reciben una pensión por invalidez, muchas veces sin otra fuente de ingreso y en situaciones de extrema vulnerabilidad. En lugar de ofrecer alternativas, como programas de inclusión laboral o mejoras en el sistema de asistencia social, el Gobierno ha decidido cortar por lo sano, demostrando una total falta de empatía y responsabilidad hacia los ciudadanos que más necesitan del Estado.

Mientras se asegura que las auditorías no buscan perjudicar a los verdaderos beneficiarios, los hechos hablan por sí solos: en un contexto de creciente pobreza y precariedad, la eliminación de hasta 160.000 pensiones equivale a una condena a la miseria para miles de argentinos. Lejos de ser una corrección administrativa, esta es una política de ajuste que sacrifica a los más vulnerables en nombre de la eficiencia fiscal.

El ajuste encubierto y la falta de respuestas del Gobierno

El Director de la ANDIS, Diego Spagnuolo, ha defendido la medida asegurando que se busca «restaurar la transparencia». Sin embargo, las palabras se diluyen frente a la realidad de un recorte masivo que no tiene en cuenta las historias individuales ni las circunstancias personales. En un país donde la pobreza y la exclusión son endémicas, esta medida parece más una acción de corte neoliberal que un esfuerzo genuino por corregir el sistema.

Es urgente que el Gobierno revierta esta política y demuestre un verdadero compromiso con los sectores más vulnerables. No es suficiente hablar de transparencia y legalidad cuando las acciones desmienten esas intenciones. La sociedad necesita un Estado presente, que no ajuste sobre los más débiles y que ofrezca respuestas reales a las necesidades de quienes dependen de estas pensiones para sobrevivir. La historia juzgará con dureza a quienes, en tiempos de crisis, eligen recortar en lugar de proteger.