El Gobierno elimina el registro de hogares electrodependientes y otorga más tiempo a las distribuidoras para responder ante cortes de energía

El gobierno de Javier Milei ha tomado una controvertida decisión que afecta directamente a los hogares con personas electrodependientes. Este jueves, se anunció la eliminación del registro que permitía al Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) agilizar los reclamos de estos hogares ante las distribuidoras eléctricas, garantizando así una rápida respuesta y la realización de obras necesarias para evitar cortes de suministro eléctrico vitales para la salud de sus habitantes.

La decisión fue formalizada a través de las Resoluciones 329/2024 y 330/2024, publicadas en el Boletín Oficial con la firma del interventor del ENRE, Dario Oscar Arrué. Estos cambios permiten a las distribuidoras eléctricas más tiempo para responder ante la falta de suministro eléctrico y eliminan el registro que visibilizaba a los hogares con electrodependientes, lo cual ha generado una ola de críticas y preocupación entre las familias afectadas y las organizaciones que las representan.

Modificaciones en los tiempos de respuesta

Hasta ahora, Edenor y Edesur tenían un plazo de 48 horas para responder a una denuncia por falta de energía en un hogar electrodependiente, contadas desde el momento de la denuncia sin importar si eran días hábiles o inhábiles. Con la nueva resolución, las distribuidoras tendrán hasta dos días hábiles para restablecer el servicio, lo que significa que si un corte ocurre en un fin de semana largo, la respuesta podría demorar hasta cinco días.

Este cambio implica que, en situaciones críticas, las personas electrodependientes podrían enfrentar largos períodos sin electricidad, lo que pone en riesgo su salud y bienestar. La comunidad ha expresado su preocupación por las posibles consecuencias de esta flexibilización en los tiempos de respuesta de las distribuidoras.

Eliminación del registro de electrodependientes

La Resolución 330/2024 deroga las resoluciones anteriores que garantizaban la visibilidad de los hogares con electrodependientes ante el ENRE y aseguraban una rápida respuesta de las distribuidoras en caso de cortes. Además, priorizaban las obras necesarias para que estos hogares estuvieran conectados a una Fuente Alternativa de Energía (FAE). Sin este registro, los hogares electrodependientes pierden una herramienta crucial para garantizar su seguridad.

El nuevo procedimiento aprobado por el gobierno de Milei no contempla la celeridad que requieren estas situaciones críticas. De hecho, establece un plazo máximo de 30 días hábiles para que las distribuidoras adecuen y dispongan la conexión a la FAE, con la aplicación de sanciones por incumplimiento. Este plazo es considerablemente largo y podría tener consecuencias graves para las personas que dependen del suministro eléctrico para su salud.

Reacciones de la comunidad

La Asociación Argentina de Electrodependientes (AAdED) había advertido sobre la posibilidad de que el gobierno eliminara el registro de electrodependientes. Esta preocupación se materializó con el anuncio de las nuevas resoluciones. Mauro Stefanizzi, presidente de la AAdED, expresó su alarma por los rechazos en las renovaciones del registro para electrodependientes, que se realizan cada dos años.

«Se están rechazando a numerosos electrodependientes que utilizan respiradores (CPAP) con el argumento de que estos dispositivos ‘poseen una batería externa’. Esto no solo contraviene la ley, sino que además pone en peligro vidas, ya que frecuentemente esas baterías se encuentran completamente descargadas», alertó Stefanizzi. También destacó que la ley garantiza el derecho a una fuente alternativa de energía y a un tratamiento tarifario gratuito, aspectos que ahora están en riesgo debido a los cambios implementados por el gobierno.

Preocupación por el aumento de tarifas

Otro tema que genera preocupación es el aumento significativo en las tarifas eléctricas, que ha llegado hasta un 300% para aquellos que no están inscritos o no son aceptados en el registro de electrodependientes. Este incremento tarifario puede hacer que muchas familias no puedan costear el servicio, lo que podría derivar en cortes de suministro y agravar la situación de los electrodependientes.

Stefanizzi también denunció la falta de atención presencial en el Ministerio de Salud, lo que ha generado inquietud en las familias afectadas. «La denuncia de la asociación sobre este tema no ha obtenido una respuesta satisfactoria», señaló.

Más bajo no se puede caer

La eliminación del registro de hogares electrodependientes y la extensión de los plazos de respuesta de las distribuidoras eléctricas representan un retroceso significativo en la protección de las personas que dependen del suministro eléctrico para su salud. Las medidas adoptadas por el gobierno de Javier Milei han generado una fuerte reacción de rechazo entre las organizaciones y familias afectadas, que ahora enfrentan una mayor vulnerabilidad.

Es fundamental que se reconsideren estas decisiones y se restablezcan mecanismos eficaces para garantizar el suministro eléctrico y la seguridad de los electrodependientes, priorizando siempre la salud y el bienestar de los ciudadanos más vulnerables. La comunidad espera que el gobierno tome en cuenta sus demandas y actúe para proteger a quienes más lo necesitan.