Femicidios en aumento: octubre registra la peor cifra desde 2022 con una muerte cada 30 horas
El observatorio Mumalá registra 239 femicidios en lo que va del año. La emergencia por violencia de género profundiza la vulnerabilidad económica y deja a 179 niños sin madres.
La violencia de género en Argentina atraviesa una etapa crítica. Según el último informe del Observatorio Nacional “Mujeres, Disidencias, Derechos” de Mumalá, desde el 1 de enero hasta este 30 de octubre se contabilizaron 239 femicidios en todo el país, lo que arroja la trágica estadística de una muerte cada 30 horas. Con 36 casos reportados solo en este mes, octubre se consolida como el periodo más violento registrado desde el año 2022.
Contexto y radiografía de la violencia
Del total de los crímenes relevados en el transcurso de 2026, 177 correspondieron a femicidios directos. La crudeza de los datos oficiales refleja que el 59% de las víctimas fueron asesinadas dentro de sus propias viviendas, evidenciando que el hogar continúa siendo el espacio de mayor riesgo. En cuanto a los métodos utilizados por los agresores, el 28% de las mujeres fue ultimado con arma blanca y otro 28% con arma de fuego; mientras que el 11% sufrió golpes, el 10% fue asfixiado y un 16% bajo otras modalidades no especificadas.
El impacto colateral de esta problemática social es devastador: 179 niños, niñas y adolescentes quedaron sin el cuidado de sus madres en lo que va del año, mientras que los intentos de asesinato vinculados a razones de género ascendieron a 728. Asimismo, el informe detalla que 62 casos fueron femicidios indirectos, entre ellos 23 niñas y adolescentes menores de 18 años, al menos tres mujeres embarazadas, ocho trans/travesticidios, 10 suicidios feminicidas y 20 crímenes perpetrados en contextos de narcotráfico y crimen organizado.
Las fallas en la protección estatal y el factor socioeconómico
Uno de los datos más alarmantes que expone el relevamiento institucional radica en la escasa efectividad de las medidas de protección vigentes al momento de los crímenes. Apenas el 12% de las mujeres asesinadas había formalizado denuncias previas contra sus agresores y el mismo porcentaje disponía de un botón antipánico. Si bien el 75% contaba con una orden de restricción de acercamiento, esta herramienta jurídica demostró ser insuficiente para frenar el desenlace fatal.
Por el lado de los victimarios, el informe señala que el 29% convivía con la víctima al momento del ataque, el 31% logró darse a la fuga y el 16% permanece prófugo. En tanto, un 14% de los agresores se suicidó y el 13% intentó hacerlo; un 12% registraba antecedentes penales y el 6% integraba las fuerzas de seguridad. La edad promedio de los perpetradores se ubica en los 36 años.
A esta compleja trama de violencia machista se suma una profunda vulnerabilidad económica que castiga con mayor intensidad a mujeres y disidencias sexogenéricas. El informe advierte sobre el deterioro del poder adquisitivo, la proliferación de deudas, el pluriempleo y una sobrecarga física y mental que acrecienta los niveles de estrés y agotamiento cotidiano.
Casos emblemáticos y exigencias de protección
Desde el observatorio remarcaron la necesidad de visibilizar historias particulares que exponen las múltiples violencias estructurales. Entre ellas figuran el caso de Nanci Godoy, maestra rural asesinada en un paraje inaccesible de Corrientes tras haber denunciado las precarias condiciones edilicias para la educación infantil; los crímenes de Débora, Bárbara, Tatiana y Daniela en contextos de trabajo sexual, exigiendo menos estigma y mayor resguardo institucional; y el homicidio de Natalia Giménez en Rosario, vinculado al acoso de prestamistas por deudas con intereses usurarios.
