Justicia rechaza pedido del gobierno para suspender financiamiento universitario

La justicia en lo contencioso administrativo federal ratificó la vigencia de las medidas cautelares que exigen el cumplimiento de la ley de financiamiento universitario, en un nuevo revés judicial para la administración nacional. El titular del juzgado, Martín Cormick, rechazó un recurso interpuesto por el Ministerio de Capital Humano destinado a frenar la ejecución de los pagos obligatorios en materia salarial docente, no docente y de becas estudiantiles, mientras continúa el debate de fondo sobre la inconstitucionalidad del decreto presidencial que condicionaba los giros presupuestarios.

El rechazo judicial y la disputa por los plazos procesales

El conflicto se originó cuando el magistrado concedió una apelación al Ejecutivo únicamente para revisar la sentencia principal que declaró inconstitucional el decreto 759/25, mediante el cual se había promulgado de forma condicionada la normativa aprobada por el Congreso. Ante la negativa de extender ese efecto suspensivo sobre la ejecución de la cautelar vigente, la representación legal de la cartera conducida por Sandra Pettovello interpuso un recurso de reposición con apelación en subsidio para intentar revertir el criterio judicial.

La defensa del Estado sostuvo que la vigencia de la cautelar debía considerarse limitada tras el dictado de la sentencia de fondo. Sin embargo, el juez Cormick desestimó los argumentos oficiales al calificar la pretensión de improcedente y ratificar que lo actuado se encuentra ajustado a derecho. Por su parte, el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), querellante en la causa junto con la Universidad de Buenos Aires, cuestionó la estrategia procesal del oficialismo al señalar que debió recurrir a un recurso extraordinario federal por salto de instancia si consideraba que existía una urgencia real, en lugar de utilizar mecanismos ordinarios que dilatan la aplicación de la manda judicial.

Sanciones económicas y tensión institucional

En paralelo a la negativa sobre el recurso gubernamental, el magistrado avanzó en la aplicación de astreintes ante la falta de avances concretos en la actualización de las partidas presupuestarias. El juzgado fijó el cobro de una multa diaria de cien mil pesos al jefe de Gabinete, Diego Santilli, por cada día de demora en el cumplimiento de los artículos de la ley que ordenaban recomponer los salarios del sector universitario por encima de la inflación acumulada desde diciembre de 2023, así como la actualización integral de las líneas de becas estudiantiles.

La decisión judicial se conoció en la antesala de la quinta marcha federal universitaria, una masiva movilización convocada frente a la Plaza del Congreso y replicada en distintos puntos del país en defensa de la educación pública. En este escenario de alta tensión política, el Ejecutivo cuestionó el impacto mediático del conflicto y reclamó respaldo institucional para una gestión presupuestaria que, según sostienen desde el Gobierno, requiere de acuerdos parlamentarios adicionales para asegurar su sostenibilidad fiscal a largo plazo.

Conclusión

El fallo adverso y la imposición de multas diarias profundizan el enfrentamiento entre el Poder Judicial y el Ejecutivo en torno a la ejecución del presupuesto universitario. Mientras los tribunales reafirman la obligatoriedad de cumplir con las leyes sancionadas por el Congreso y ratificadas por la Corte Suprema, el conflicto institucional se consolidad como uno de los ejes centrales de la agenda política y de la discusión sobre el financiamiento estatal.