Corte Suprema rechaza planteo de los condenados por el crimen de Báez Sosa

La Corte Suprema de Justicia de la Nación rechazó un recurso extraordinario presentado por la defensa de los ocho rugbiers condenados por el homicidio de Fernando Báez Sosa, ocurrido el 18 de enero de 2020 a la salida del boliche Le Brique en Villa Gesell, en un fallo que ratifica la validez del proceso judicial sustanciado en la provincia de Buenos Aires.

El máximo tribunal desestimó el planteo formulado por el abogado Hugo Tomei, quien cuestionaba la actuación de diversos funcionarios judiciales intervinientes en la etapa de instrucción y pretendía invalidar actuaciones clave del expediente. Con esta resolución, el entramado legal que derivó en las condenas de prisión perpetua y penas de quince años de prisión se mantiene firme, cerrando una de las vías de impugnación ordinarias más importantes con las que contaba la defensa de los imputados.

El origen del reclamo y la estrategia de la defensa

El planteo desestimado por la Corte Suprema había sido impulsado inicialmente por el letrado cuando patrocinaba al grupo compuesto por Máximo Thomsen, Enzo Comelli, Ayrton Viollaz, Blas Cinalli, Matías Benicelli y los hermanos Ciro y Lucas Pertossi. La estrategia defensiva apuntaba directamente contra el desempeño de la fiscal de instrucción Verónica Zamboni, la defensora oficial Verónica Olindi Huespi, los funcionarios del Ministerio Público Fiscal y el juez de Garantías David Mancinelli, a quien acusaban de haber convalidado un procedimiento arbitrario.

Puntualmente, el recurso sostuvo que durante la etapa inicial de la investigación los imputados no conocieron debidamente las pruebas de cargo ni la imputación precisa al momento de prestar declaración indagatoria. Asimismo, la defensa denunció supuestas irregularidades en la firma de actas del expediente, lo que motivó en paralelo una denuncia penal por falsedad ideológica, incumplimiento de los deberes de funcionario público y privación ilegal de la libertad contra los operadores judiciales.

Ante el rechazos sucesivos de estos planteos tanto en el ámbito de primera instancia como en el Tribunal de Casación Penal bonaerense, el expediente escaló hasta la máxima instancia judicial del país, la cual optó por desestimar la presentación por cuestiones de admisibilidad y fondo. Tras conocerse el fallo adverso, el representante legal adelantó que evaluará recurrir al sistema internacional de protección de derechos humanos para denunciar al Estado argentino por presuntas fallas en la garantía del debido proceso.

El fallo original y la situación judicial de los condenados

El crimen de Fernando Báez Sosa, el estudiante de derecho de 18 años que fue atacado a golpes a la salida del local bailable tras una discusión menor, marcó uno de los hitos judiciales más resonantes de los últimos años en el país. La respuesta de la justicia ordinaria llegó en febrero de 2023, cuando el Tribunal Oral en lo Criminal N° 1 de Dolores emitió una sentencia ejemplar que dividió las responsabilidades penales de los agresores según su grado de participación en el hecho.

En aquella oportunidad, los jueces María Claudia Castro, Christian Rabaia y Emiliano Lazzari condenaron a la pena de prisión perpetua a Máximo Thomsen, Ciro Pertossi, Luciano Pertossi, Enzo Comelli y Matías Benicelli, al encontrarlos coautores penalmente responsables del delito de homicidio doblemente agravado por el concurso premeditado de dos o más personas y por alevosía, en concurso ideal con lesiones leves cometidas contra los amigos de la víctima. Por su parte, Ayrton Viollaz, Lucas Pertossi y Blas Cinalli recibieron una pena de quince años de reclusión al ser considerados partícipes secundarios del mismo suceso criminal.

Conclusión

La decisión de la Corte Suprema de rechazar el planteo de la defensa consolidad la solidez jurídica de las etapas procesales cumplidas durante la instrucción y el juicio oral. Mientras los condenados cumplen sus respectivas sentencias en unidades penitenciarias provinciales, el proceso judicial entra en una etapa de menor margen de maniobra legal en los tribunales locales, ratificando la condena social y judicial por uno de los homicidios más impactantes de la historia reciente argentina.