Caso Loan: sobreseen por trata a ocho imputados
La jueza federal dictó el sobreseimiento de los acusados por explotación; sin embargo, todos siguen procesados en el juicio oral por sustracción y ocultamiento de Loan Danilo Peña.
El caso Loan registró un giro procesal determinante tras la resolución del Juzgado Federal de Goya, a cargo de la jueza Cristina Pozzer Penzo, que dispuso el sobreseimiento de los ocho imputados en la causa respecto del delito de trata de personas con fines de explotación. La decisión judicial, notificada formalmente en Corrientes, descarta la hipótesis más severa que guio la instrucción durante meses, aunque no frena el avance del debate en los tribunales: todos los acusados continúan bajo proceso en pleno juicio oral por la sustracción y el ocultamiento del menor.
El alcance legal de la medida judicial
La resolución firmada por la magistrada Pozzer Penzo establece que el material probatorio acumulado en la etapa instructoria resultó insuficiente para sostener la acusación formal de trata de personas con fines de explotación. Este encuadre técnico había colocado el caso bajo la órbita de la Justicia federal debido a la presunción de redes organizadas detrás del hecho.
Sin embargo, fuentes judiciales aclararon que la medida no equivale a una absolución integral ni representa la clausura del expediente principal. La causa mantiene plenamente vigente la imputación por sustracción y retención u ocultamiento de un menor de 10 años, una figura penal que contempla penas de prisión efectiva de escala severa. En consecuencia, el debate oral ante el Tribunal Oral Federal de Corrientes continuará sin interrupciones su cronograma fijado.
Quiénes son los ocho involucrados
El sobreseimiento por la figura de trata alcanza a la totalidad del núcleo principal de acusados que llegaron detenidos al banquillo:
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María Victoria Caillava y Carlos Guido Pérez: la exfuncionaria municipal de 9 de Julio y el excapitán de navío de la Armada, señalados desde el inicio de la pesquisa debido a los rastros periciales hallados en sus vehículos particulares.
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Walter Maciel: el excomisario local, investigado por presunto encubrimiento agravado y por el desvío intencional de las primeras líneas de rastrillaje territorial.
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Laudelina Peña: tía de la víctima, quien protagonizó giros reiterados en sus testimonios indagatorios, incluida la versión desacreditada de un presunto accidente vial.
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Antonio Benítez, Daniel «Fierrito» Ramírez y Mónica Millapi: presentes durante el recorrido hacia el naranjal previo a la desaparición.
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Francisco Amado Méndez: expolicía incorporado como colaborador informal durante los operativos iniciales de búsqueda.
El juicio oral y las acusaciones vigentes
La distinción dogmática entre ambas calificaciones penales resulta fundamental para mensurar el estado del proceso. Mientras que el delito de trata exige la acreditación certera de fines específicos como la explotación laboral, sexual o el tráfico de órganos, los tipos penales de sustracción y ocultamiento sancionan el acto directo de apartar y retener a un menor de la custodia de sus padres.
El debate oral que lleva adelante el Tribunal Oral Federal de Corrientes focaliza su actividad en reconstruir la cadena de responsabilidades materiales sobre lo ocurrido el 13 de junio de 2024 en el paraje El Algarrobal, localidad de 9 de Julio. Los magistrados del tribunal técnico concentran la producción de prueba en el análisis de comunicaciones telefónicas, contradicciones testimoniales y pericias geolocalizadas que involucran de manera directa a los ocho procesados.
Una investigación sin paradero confirmado
A más de dos años del inicio de la causa, el paradero de Loan Danilo Peña continúa siendo una incógnita para los investigadores y la sociedad. La querella familiar y el Ministerio Público Fiscal mantienen vigentes las alertas de búsqueda nacional e internacional de manera ininterrumpida.
Las audiencias testimoniales del debate oral sumaron elementos de alta tensión, en especial tras la declaración de la abuela paterna, Catalina Peña, quien ratificó ante los jueces la existencia de presiones y versiones direccionadas durante la primera etapa de la instrucción.
Con la figura de trata formalmente desestimada en el fuero federal, la causa penal encara su tramo definitorio concentrada en determinar la autoría material del ocultamiento y dar una respuesta concluyente sobre el destino del menor.
