El gobierno porteño intima a organizaciones que asisten a personas en situación de calle

Tensión en los barrios porteños por el control de las ollas populares

El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, encabezado por Jorge Macri, inició una serie de intimaciones y controles sobre las organizaciones sociales e instituciones religiosas que asisten a personas en situación de calle. La medida se implementa pocos días después de que el propio Jefe de Gobierno manifestara públicamente que la entrega de viandas y abrigo en la vía pública «genera dependencia» y fomenta la concentración de personas sin techo en el distrito capitalino.

El accionar estatal, coordinado a través del Ministerio de Espacio Público e Higiene Urbana, generó un fuerte rechazo entre las agrupaciones comunitarias. Los activistas denuncian una campaña de persecución y hostigamiento contra las redes de solidaridad vecinal, en un contexto socioeconómico crítico donde la demanda de asistencia alimentaria se ha incrementado de manera notable en los principales centros urbanos.

El caso de Caballito y las alertas vecinales

Uno de los episodios más visibles ocurrió en la intersección de las avenidas Acoyte y Rivadavia, en el barrio de Caballito. Personal de Espacio Público intentó labrar una contravención contra los integrantes de la agrupación Peronismo Solidario, un colectivo que desde hace más de dos años distribuye raciones de comida cada domingo a más de 200 personas en situación de calle.

Florencia Lorenzo, referente de la organización, detalló que el operativo civil interrumpió una jornada que incluía una radio abierta comunitaria. Según los testimonios, los inspectores argumentaron la obligatoriedad de tramitar un permiso oficial para el uso del espacio público, aunque sin especificar la normativa vigente ni los canales administrativos para obtenerlo. Consultas posteriores con legisladores de la Ciudad confirmaron la inexistencia de un registro específico para este tipo de actividades solidarias de emergencia.

Acciones coordinadas en distintas comunas de la Ciudad

La situación registrada en Caballito no constituye un hecho aislado. Diversos colectivos territoriales confirmaron que durante los últimos dos fines de semana se desplegaron operativos similares en barrios como Palermo, Recoleta, Colegiales y en las inmediaciones de asentamientos vulnerables como la Villa 1-11-14, Zabaleta y Villa Lugano. En varias de estas intervenciones, los agentes de Espacio Público estuvieron acompañados por efectivos de la Policía de la Ciudad.

«En más de dos años de trabajo continuo nunca tuvimos inconvenientes con los vecinos ni con los comerciantes locales. Existe una articulación profunda con iglesias y clubes de barrio porque entendemos que la prioridad es tender una mano a los sectores más vulnerables», explicaron desde las organizaciones afectadas.

Debate sobre las políticas de asistencia y espacio público

El trasfondo de estas intimaciones radica en el giro de la política social y de ordenamiento urbano de la gestión actual. Desde el Ejecutivo porteño se sostiene que la asistencia debe centralizarse a través de los canales institucionales oficiales, como los paradores nocturnos y los Centros de Inclusión Social (CIS), argumentando que las intervenciones informales en la vía pública dificultan la reinserción social a largo plazo y afectan la higiene urbana.

Por el contrario, los referentes de los comedores populares sostienen que los dispositivos estatales son insuficientes para albergar a la totalidad de la población desamparada. Afirman que las ollas populares funcionan como una red de contención inmediata y un termómetro de la vulnerabilidad social que la burocracia estatal no llega a cubrir de manera eficiente.

Mesas de diálogo frente al conflicto territorial

Frente a la escalada de tensión en las calles, representantes de diversas agrupaciones de base iniciaron una mesa de trabajo con funcionarios del Gobierno de la Ciudad. El objetivo principal de estos encuentros es frenar las actas de intimación y establecer canales de convivencia que no criminalicen la asistencia social voluntaria.

La comunidad civil y las redes parroquiales permanecen en estado de alerta, advirtiendo que la interrupción de estas jornadas solidarias dejaría desamparadas a cientos de familias que dependen diariamente de los platos de comida provistos por el trabajo comunitario.