Causa ARA San Juan: piden hasta cinco años de cárcel para exjefes navales

La fiscalía federal solicitó penas de hasta cinco años de prisión para cuatro exjefes de la Armada Argentina en el marco del juicio oral por el hundimiento del submarino ARA San Juan, ocurrido en noviembre de 2017. Durante la lectura de los alegatos ante el Tribunal Oral Federal de Río Gallegos, el Ministerio Público Fiscal determinó que la pérdida de la embarcación y la muerte de sus 44 tripulantes no obedecieron a un accidente fortuito, sino a un accionar imprudente y negligente por parte de la cadena de mando. Los fiscales concluyeron que las autoridades navales de la época tenían pleno conocimiento de las severas deficiencias técnicas de la nave y que, pese a los riesgos inminentes, autorizaron su última misión en el Atlántico Sur.

El dictamen judicial pone el foco en la responsabilidad institucional y operativa de los oficiales superiores que debían garantizar la seguridad del navío. De acuerdo con la reconstrucción efectuada por los fiscales Gastón Franco Pruzan, Lucas Colla, Julio Zárate y María Andrea Garmendia, la tragedia del ARA San Juan se estructuró a partir de una sucesión continua de decisiones irregulares y omisiones de control. Los acusados contaban con informes detallados sobre las fallas acumuladas que arrastraba el submarino de origen alemán, lo que debió haber motivado la suspensión inmediata de cualquier tipo de despliegue en alta mar hasta que se ejecutaran las reparaciones pertinentes.

Las penas solicitadas y los roles en la cadena de mando

El requerimiento de las condenas máximas recayó sobre las figuras con mayor peso en la toma de decisiones operativas de la fuerza. Los representantes del Ministerio Público Fiscal solicitaron una pena de cinco años de reclusión para el contralmirante retirado Luis Enrique López Mazzeo, quien se desempeñaba como titular del Comando de Adiestramiento y Alistamiento de la Armada al momento de los hechos. La misma sanción penal fue requerida para el ex capitán de navío Claudio Villamide, entonces comandante de la Fuerza de Submarinos. A ambos militares se los acusa de haber permitido el inicio de las maniobras militares a sabiendas de las restricciones técnicas explícitas que limitaban las capacidades seguras de la nave.

Por otra parte, la fiscalía graduó la escala penal para los restantes imputados según sus niveles de intervención y supervisión directa. De este modo, se solicitó una condena de cuatro años de prisión para Héctor Aníbal Alonso y de tres años para Hugo Miguel Correa, quienes ocupaban funciones logísticas y de alistamiento de personal. Es pertinente señalar que los cuatro exoficiales navales llegaron al debate oral en condición de libertad, situación que mantendrán hasta tanto adquiera firmeza la eventual sentencia que dicte el tribunal que comanda el juez Mario Reynaldi.

Un siniestro que la fiscalía consideró predecible

Las deficiencias técnicas que se ignoraron

El núcleo de la argumentación fiscal se basó en el historial de fallas y averías reportadas en el ARA San Juan con anterioridad a su última zarpada desde la Base Naval de Ushuaia. Los antecedentes técnicos compilados en la causa demostraron el ingreso persistente de agua a los sistemas de ventilación y problemas recurrentes en las baterías que proveían la energía eléctrica para la inmersión. Para los fiscales, los acusados ignoraron estas señales de alarma, asumiendo un riesgo desmedido que superaba los protocolos internacionales de navegación submarina y los propios reglamentos de la Armada.

El debate oral y público ingresó formalmente en su etapa definitoria. Tras la conclusión de la acusación estatal, el tribunal agendó las fechas de exposición para las tres querellas particulares que representan a los familiares de las víctimas, coordinadas por los abogados Valeria Carreras, Lorena Arias y Luis Tagliapietra. Con posterioridad a las querellas, se dará inicio a los turnos de las defensas técnicas de los militares, quienes intentarán rebatir la teoría de la imprudencia alegando la existencia de factores externos no controlables y limitaciones presupuestarias estructurales que padecía la fuerza aérea y naval de la República Argentina.

El cierre de un capítulo doloroso

El ARA San Juan interrumpió todo contacto radial con las bases de control el 15 de noviembre de 2017, mientras ejecutaba tareas de patrullaje marítimo desde la zona austral de Ushuaia con destino final a su apostadero habitual en Mar del Plata. El naufragio derivó en un operativo de búsqueda internacional sin precedentes que se extendió por un año entero. Finalmente, los restos de la estructura colapsada por implosión fueron localizados el 17 de noviembre de 2018 por la empresa Ocean Infinity, a una profundidad aproximada de 900 metros en el Atlántico Sur, un hallazgo que cerró la búsqueda física pero abrió paso a una demanda social de justicia que hoy busca resolución en los tribunales de Río Gallegos.