Desempleo en Argentina afectó al 7,8% en el primer trimestre

El desempleo en Argentina cerró el primer trimestre de 2026 con una tasa del 7,8%, una cifra que equivale a más de 1,1 millones de personas que buscan insertarse de forma activa en el mercado de trabajo sin éxito. Los datos oficiales presentados por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), a través de la Encuesta Permanente de Hogares (EPH), reflejan un escenario nacional de aparente estabilidad estadística respecto al año anterior, pero que esconde severas distorsiones estructurales. La falta de puestos de calidad, el avance de la informalidad y la disparidad entre las distintas regiones del país configuran un mapa laboral complejo y fragmentado.

Según el informe gubernamental, la tasa de actividad se posicionó en un 48,6%, mientras que la tasa de empleo se ubicó en el 44,8%, lo que representa a unos 13,5 millones de ciudadanos ocupados. Sin embargo, detrás de estos grandes agregados macroeconómicos conviven realidades alarmantes vinculadas a la subocupación horaria y a la pérdida de dinamismo en los principales polos industriales y urbanos del territorio nacional.

El mapa de la población económicamente activa

Para comprender la magnitud del fenómeno, el INDEC toma como referencia una población urbana relevada de 30,1 millones de personas. De ese universo total, el 48,6% —es decir, unos 14,6 millones de individuos— integra la denominada Población Económicamente Activa (PEA). Este grupo incluye tanto a quienes actualmente tienen una ocupación remunerada como a aquellos que, aun estando desocupados, realizan esfuerzos concretos para conseguir un empleo y están totalmente disponibles para comenzar a trabajar.

En la vereda opuesta, el 51,4% de la población (equivalente a 15,5 millones de personas) se encuentra completamente fuera del circuito laboral regulado. En esta categoría se inscriben los estudiantes de tiempo completo, jubilados, pensionados, personas dedicadas de forma exclusiva a las tareas domésticas y de cuidado, y otros grupos que no ejercen una actividad económica ni manifiestan intenciones de insertarse en el corto plazo.

La radiografía de la informalidad y la precarización

Dentro del segmento de la población ocupada, que alcanza los 13,5 millones de personas, la calidad del empleo se mantiene como el desafío más urgente para la política socioeconómica. Del total de trabajadores detectados, el 71,8% se desempeña bajo la categoría de asalariados (aproximadamente 9,7 millones de personas). Las alarmas se encienden al analizar la cobertura previsional de este grupo: apenas el 62,1% cuenta con los descuentos jubilatorios y aportes formales de ley, mientras que el 37,9% restante trabaja en la absoluta informalidad.

Por otra parte, los trabajadores no asalariados representan el 28,2% del total de ocupados (unos 3,8 millones de personas). En este ecosistema predomina de manera abrumadora el cuentapropismo:

• Trabajadores por cuenta propia: Concentran el 85,5% de los no asalariados.

• Empleadores: Representan un 13% del segmento.

• Trabajadores familiares sin remuneración: Suman el 1,1% restante.

Al cruzar todas las variables, el panorama general expone que apenas el 55,7% de los ocupados en el país goza de condiciones formales y plenos derechos, dejando a un preocupante 44,2% de la fuerza laboral expuesta a la inestabilidad de las actividades no registradas.

Subocupación y sobreocupación: las dos caras de la presión laboral

La falta de empleo pleno se manifiesta también en la distorsión de las jornadas laborales. El informe destaca que el 12,1% de los ocupados se encuentra en situación de subocupación demandante y no demandante; esto significa que trabajan menos de 35 horas semanales pero expresan el deseo y la necesidad de trabajar más tiempo para recomponer sus ingresos.

En contraposición, el fenómeno de la sobreocupación afecta al 26,6% de los trabajadores, quienes cumplen extensas jornadas que superan las 45 horas semanales, muchas veces como estrategia obligada ante la erosión del poder adquisitivo. Solo el 53,3% registra una ocupación plena, mientras que un 8,1% no trabajó durante la semana de referencia por licencias o suspensiones, manteniendo el vínculo laboral.

Alarma regional: el Gran Rosario y el rezago industrial

La media nacional del 7,8% de desempleo se desmenuza en realidades geográficas marcadamente asimétricas. El Gran Rosario se consolidó como una de las zonas más afectadas, registrando una desocupación del 8,2%, lo que implica un incremento de más de un punto porcentual en comparación con el primer trimestre de 2025. La explicación técnica detrás de esta suba radica en una fuerte presión de la oferta: unas 27 mil personas se volcaron a buscar trabajo en la región durante el último año, pero la economía local solo pudo generar 18 mil puestos, empujando a cerca de 10 mil personas a la desocupación.

La crisis en el cordón santafesino se vuelve más evidente al analizar el trimestre previo: en solo tres meses, el Gran Rosario destruyó 19 mil puestos de trabajo netos. Sin embargo, el escenario más crítico a nivel país se localizó en el aglomerado San Nicolás-Villa Constitución, un histórico polo siderúrgico e industrial que lideró el índice de desempleo nacional con un preocupante 10,4%. Junto a Bahía Blanca, que marcó un 10,1%, fueron las únicas regiones que quebraron la barrera de los dos dígitos.

Desafíos estructurales para el corto plazo

Los datos del primer trimestre de 2026 confirman que el mercado laboral argentino transita por un cuello de botella estructural. Aunque las tasas generales simulan estabilidad, el crecimiento vegetativo de la población económicamente activa satura la capacidad de absorción de un sistema productivo altamente precarizado. La persistencia de núcleos duros de desocupación en los principales centros urbanos e industriales del país expone la urgencia de coordinar políticas públicas que estimulen no solo la creación de empleo, sino fundamentalmente la formalización de los puestos existentes.