Situación de calle en Argentina: el fuerte impacto del ajuste

La situación de calle en Argentina dejó de ser un fenómeno exclusivo de los sectores históricamente postergados para transformarse en una realidad que golpea a la clase trabajadora y a los jubilados. El fuerte ajuste macroeconómico y la desregulación del mercado inmobiliario impulsados por la administración de Javier Milei han consolidado el fenómeno del «desalojo económico». Familias con empleo formal y adultos mayores se ven expulsados de sus hogares de manera abrupta al no poder afrontar la brecha entre sus ingresos fijos y los valores de los alquileres dolarizados. Ante la vulnerabilidad habitacional, la delgada línea que separa a un inquilino de la intemperie se reduce a un imprevisto financiero o de salud.

Radiografía oficial del desamparo: los datos del relevamiento nacional

El diagnóstico de esta crisis habitacional adquirió dimensiones estadísticas precisas tras la finalización del Primer Relevamiento Nacional de Personas en Situación de Calle, ejecutado en abril de 2026 por el Ministerio de Capital Humano en cumplimiento de la Ley N° 27.654. El estudio censal identificó a un total de 9.421 personas viviendo a la intemperie en 19 jurisdicciones del país. La cifra, de por sí alarmante, adquiere un carácter crítico al analizar la velocidad del deterioro: el 60% de los censados declaró haber quedado sin techo en los últimos dos años.

Este indicador temporal coincide de manera directa con el período de mayor aceleración inflacionaria, la devaluación y la pérdida sistemática del poder adquisitivo de los asalariados. Asimismo, el informe oficial determinó una marcada disparidad de género en la composición de esta población, señalando que el 83% de los individuos registrados son varones, quienes a menudo transitan el aislamiento y la falta de redes de contención tras la pérdida de sus ingresos estables.

La encrucijada inquilina y el círculo vicioso del endeudamiento

El correlato directo de la situación de calle en Argentina se encuentra en las condiciones que afrontan quienes aún logran mantener un techo pero bajo niveles de asfixia financiera extrema. De acuerdo con los datos recopilados por la Encuesta Nacional Inquilina, la desregulación del mercado inmobiliario tras la derogación de la normativa legal previa generó una transferencia de ingresos sin precedentes hacia los propietarios. Actualmente, uno de cada tres inquilinos destina entre el 60% y el 100% de sus ingresos netos mensuales exclusivamente al pago del canon locativo.

Con contratos que imponen indexaciones o actualizaciones de precios cada tres o cuatro meses —una presión contractual que soporta el 70% de los locatarios—, la estabilidad habitacional ha desaparecido de la planificación familiar. Para evitar el desalojo, los hogares ingresan en una espiral de endeudamiento y privación alimentaria que la organización Inquilinos Agrupados detalla a través de indicadores alarmantes:

• Endeudamiento crónico: El 70.9% de los inquilinos sostiene deudas activas en la actualidad.

• Financiamiento de necesidades básicas: El 53.2% de los encuestados recurre al endeudamiento o al uso de tarjetas para comprar alimentos, mientras que el 38.9% utiliza mecanismos de crédito para abonar el alquiler del mes.

• Ajuste en la nutrición: El 65.1% de las familias debió recortar las porciones o la calidad de su comida. Casi el 30% de los inquilinos realiza solo una o dos comidas diarias, una privación que se eleva al 41.7% en el segmento de los jubilados locatarios.

Neuquén y los puntos críticos de la expulsión habitacional

El impacto del desalojo económico no se distribuye de manera uniforme en el territorio nacional, sino que presenta picos de gravedad en regiones con dinámicas económicas particulares. La provincia de Neuquén lidera los índices de vulnerabilidad: el 33.3% de los inquilinos encuestados se vio obligado a rescindir su contrato o abandonar su vivienda por la imposibilidad material de costear el nuevo monto exigido por el mercado. Esta cifra duplica la media nacional de deterioro y responde a la distorsión de precios que genera la actividad hidrocarburífera en la región.

El mapa de la emergencia habitacional se completa con otras provincias densamente pobladas: Córdoba registra un 23.1% de mudanzas forzadas por motivos económicos; la Provincia de Buenos Aires se ubica en el 20.2%; Santa Fe alcanza el 11.9% y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires reporta un 9.4%. Aquellos ciudadanos que pierden la vivienda y cuentan con redes afectivas suelen recurrir al hacinamiento en hogares de padres, familiares o amigos; sin embargo, quienes carecen de este tejido solidario terminan engrosando de forma inmediata las estadísticas de la indigencia en las plazas y estaciones de los centros urbanos.

El quiebre de un paradigma socioeconómico

La gestión económica actual ha modificado el perfil histórico de la marginalidad en el espacio público. Sostener jornadas laborales completas o incluso acumular hasta tres empleos por adulto ya no funciona como una barrera de contención frente a la indigencia. La velocidad con la que se actualizan los costos fijos destruye la capacidad de ahorro y previsión, dejando a miles de ciudadanos expuestos a una intemperie que se profundiza ante la reducción de las partidas de asistencia por parte de las estructuras del Estado.

En este escenario de repliegue institucional, la subsistencia diaria de las personas damnificadas recae de forma casi exclusiva en el accionar de organizaciones no gubernamentales y redes de vecinos voluntarios, como los integrantes de Amigos en el Camino. Estas agrupaciones comunitarias se consolidan como el último refugio frente a una crisis que transforma el acceso a una vivienda digna en un privilegio inalcanzable para amplios sectores de la población activa.