La mora familiar llegó a niveles récord y golpea de lleno a jóvenes, tarjetas y créditos personales

La mora familiar bancaria ha vuelto a encender una señal de alarma en la economía argentina. En marzo, la irregularidad en los créditos otorgados a las familias trepó al 11,5%, consolidando el nivel más alto en más de dos décadas, según la serie estadística citada en los últimos informes del Banco Central de la República Argentina (BCRA). El dato expone una realidad compleja para la gestión económica actual: cada vez más hogares se ven imposibilitados de pagar sus compromisos financieros en tiempo y forma, en un contexto caracterizado por salarios reales devaluados, tarifas de servicios públicos al alza, tasas de interés elevadas y una mayor presión sobre el mercado laboral.

Este deterioro generalizado se siente con especial crudeza en las herramientas de financiamiento más masivas. En los préstamos personales, el índice de morosidad alcanzó el 14,2%, mientras que en el financiamiento a través de tarjetas de crédito la irregularidad trepó al 11,7%. El cuadro de situación confirma un cambio estructural en el comportamiento financiero de la población: el endeudamiento dejó de ser una herramienta excepcional destinada a bienes durables o proyectos de inversión y se convirtió, para millones de ciudadanos, en un mecanismo de supervivencia cotidiana para cubrir gastos corrientes, incluyendo la compra de alimentos, medicamentos y el pago de servicios básicos de infraestructura.

El crédito al consumo se encuentra al límite

De acuerdo con el último Informe sobre Bancos publicado por la autoridad monetaria, la ratio de irregularidad del crédito total al sector privado (que consolida a corporaciones y particulares) llegó al 7% en marzo. Esta cifra representa una suba de 0,3 puntos porcentuales frente al mes inmediato anterior, pero en la comparación interanual revela un salto superior a los cinco puntos básicos. En el análisis exclusivo de los presupuestos del hogar, el incremento fue exponencial: hace exactamente un año la mora general de este sector rondaba el 3%, y hacia octubre de 2024 se ubicaba en un piso del 2,5%.

El segmento de los préstamos personales es, por amplio margen, el más comprometido del sistema bancario tradicional. La tasa de morosidad del 14,2% en este rubro ayuda a explicar las razones por las cuales el financiamiento genuino para el consumo sigue resultando prohibitivo para el usuario medio. Las tasas de interés de este tipo de colocaciones promediaron cerca del 67% nominal anual en el último bimestre, un rendimiento que se ubica muy por encima de las expectativas de inflación de los principales analistas de mercado. En términos prácticos, apelar a la toma de un préstamo personal para ordenar las cuentas del mes en curso suele terminar expandiendo la bola de nieve del pasivo familiar.

Las tarjetas de crédito tampoco otorgan respiro al bolsillo de los asalariados. Con una irregularidad situada en el 11,7%, las tarjetas se han consolidado como la principal vía de auxilio financiero para mitigar la pérdida de poder adquisitivo. En contraste con estos indicadores vinculados al consumo de subsistencia, los créditos prendarios y los préstamos hipotecarios exhiben niveles de mora sustancialmente más bajos —registrando un 6,9% y un 1,4% respectivamente—, aunque las autoridades monetarias advierten que ambos segmentos también comenzaron a registrar un leve deterioro respecto de sus marcas históricas previas.

Jóvenes e inclusión fintech en el foco de la crisis

Un informe específico elaborado por la Gerencia de Estudios Económicos del Banco Provincia puso el foco en un dato sociodemográfico especialmente alarmante: el 40% de los jóvenes menores de 25 años que tomaron algún tipo de asistencia crediticia tiene problemas severos para repagarla. El fenómeno coincide de forma directa con el impacto del desempleo sobre este grupo etario. Según datos oficiales del Indec citados en el documento, la desocupación juvenil aumentó 3,7 puntos porcentuales en varones y 3 puntos en mujeres, frente a un avance marginal de apenas 0,5 puntos entre los trabajadores mayores de 25 años.

Para los técnicos de la entidad bancaria provincial, el incremento de la mora familiar no encuentra explicación en decisiones irresponsables de carácter individual, sino que se presenta como una consecuencia directa del programa macroeconómico general. El estudio puntualiza tres factores centrales: la caída persistente de los salarios reales, el aumento de los costos fijos familiares por encima de la inflación general y el avance de la desocupación. En esa línea de análisis, se advierte que el ingreso disponible de los empleados del sector público y privado registrado se contrajo un 13,2% en los últimos dos años para usuarios residenciales sin subsidios energéticos, y un 11,7% para aquellos que aún conservan algún tipo de asistencia estatal.

La problemática se extiende con igual fuerza fuera de las ventanillas del sistema bancario tradicional. Un relevamiento de la consultora privada EcoGo señala que el 27,5% de las carteras de las entidades financieras no bancarias presenta algún grado de irregularidad en sus cobros, mientras que los deudores calificados bajo la condición de «irrecuperables» ya representan el 11% del total analizado. En el universo de las fintech y las billeteras virtuales —el canal financiero más utilizado por la población joven e informal—, el 10,8% de los préstamos otorgados acumula más de un año de atraso crónico, lo que representa un monto global estimado en $1,5 billones de pesos bajo riesgo de pérdida.

El impacto corporativo y la comparación regional

Aunque la peor parte de la crisis financiera se localiza en el interior de los hogares, las empresas argentinas tampoco han quedado al margen del fenómeno de la mora familiar generalizada. La irregularidad comercial corporativa alcanzó el 3,1% en marzo. Si bien la cifra se sitúa lejos del nivel de las familias, representa un salto considerable si se la compara con el bajísimo 0,7% registrado hacia fines de 2024. Al desagregar la información por sectores productivos, la construcción y el comercio mayorista y minorista aparecen al frente del ránking de morosidad empresaria, acusando tasas del 5,9% y 4,6% respectivamente.

Esta coyuntura de cobros demorados se combina con severas dificultades para acceder a nuevas líneas de financiamiento productivo. En la última encuesta de tendencia de negocios del Indec, el 30% de las cadenas de supermercados y de los autoservicios mayoristas declaró que las condiciones de acceso al crédito bancario se han complejizado notablemente. Asimismo, el 28% de los empresarios del sector comercial calificó su situación financiera actual como directamente “mala”, lo que representa un incremento de cuatro puntos porcentuales respecto de la medición realizada en el bimestre previo.

En el plano internacional, la situación financiera de la Argentina emite señales que preocupan a los inversores externos. Un informe global de la consultora Deloitte detalló que el país cerró el año con una cartera irregular bancaria consolidada del 5,3%, un indicador que posiciona a la plaza local por encima de los niveles de morosidad técnica que registran socios comerciales de la región como Brasil, Colombia, Chile y México. Los analistas internacionales vincularon este comportamiento con las elevadas tasas de interés reales vigentes en el mercado doméstico y la consecuente recomposición del costo financiero total.

A pesar de la gravedad del diagnóstico que arrojan las estadísticas sectoriales, las autoridades nacionales han descartado de forma tajante la posibilidad de implementar moratorias o salvatajes financieros excepcionales. El propio presidente del Banco Central de la República Argentina, Santiago Bausili, reconoció públicamente la existencia del problema de la mora familiar en una reciente entrevista institucional, pero se encargó de fijar la postura oficial del Palacio de Hacienda al respecto: “No vamos a usar recursos del Estado nacional para solucionar problemas particulares de endeudamiento”. De esta manera, el mercado financiero interno se encamina a resolver las tensiones por la vía de la contracción del crédito y la ejecución de garantías particulares.