Morosidad de las familias argentinas trepó al 11,2% en febrero

El incumplimiento en el pago de créditos alcanzó su nivel más alto en dos décadas, impulsado por la pérdida del poder adquisitivo y la caída del empleo formal en el país.

La estabilidad financiera de los hogares argentinos registra su peor escenario en décadas. Según datos estadísticos del sistema financiero, la morosidad de las familias en el cumplimiento de sus préstamos y compromisos crediticios trepó al 11,2% en febrero. El indicador acumuló 16 meses de subas consecutivas y superó los registros de la pandemia, ubicándose en máximos que no se observaban desde 2004. Este preocupante panorama expone la velocidad con la que la clase media y los sectores vulnerables han agotado sus recursos de financiamiento tradicionales en medio de una recesión que no da tregua.

El fenómeno responde de forma directa a un escenario contractivo generalizado, caracterizado por la pérdida del poder adquisitivo de los salarios, el retroceso del empleo formal privado y el persistente cierre de pequeñas y medianas empresas. La imposibilidad de afrontar las deudas afectó de manera uniforme a casi la totalidad de las entidades bancarias y plataformas de crédito del país, transformando lo que comenzó como un problema de liquidez en una crisis de mora masiva que abarca desde tarjetas de crédito hasta préstamos personales.

En paralelo, el Índice de Vulnerabilidad Familiar del Congreso (IVFC) reflejó este impacto al encadenar 10 meses consecutivos en aumento. El indicador sectorial arribó a los 5,1 puntos, una cifra que consolida a los hogares dentro del rango técnico catalogado como «Fragilidad Familiar» y que expone el desacople entre las variables macroeconómicas y la economía diaria de la población.

El impacto en la vida cotidiana

La oposición legislativa manifestó su preocupación ante la velocidad y profundidad del proceso de endeudamiento, el cual multiplicó por cuatro sus valores respecto de los niveles mínimos reportados a fines de 2024. Los despachos del Congreso Nacional analizan alternativas para aliviar la carga financiera de los sectores más desprotegidos, aunque el margen de maniobra fiscal resulta extremadamente acotado.

«La morosidad récord muestra que cada vez más familias tienen dificultades para sostener sus gastos y cumplir con sus compromisos. Detrás de este dato hay hogares que hacen cuentas todos los días, que recortan gastos y que viven con más incertidumbre sobre cómo llegar a fin de mes», advirtió el diputado nacional de Primero La Patria, Nicolás Trotta. Las declaraciones del legislador ponen en números una realidad que se palpa en los centros comerciales y en las ventanillas de cobro de los servicios públicos.

Los analistas sectoriales señalan que las carteras irregulares avanzan principalmente en los segmentos de financiamiento al consumo corriente y de montos menores, lo que evidencia que una porción creciente de la ciudadanía recurre a líneas de crédito complementarias para cubrir necesidades básicas e indispensables de subsistencia. Ya no se trata de deudas contraídas para la compra de bienes durables o electrodomésticos, sino de saldos impagos en las compras del supermercado o el pago de la boleta de luz.

La trampa de las tarjetas de crédito

El instrumento de financiamiento más afectado por esta ola de cesación de pagos es la tarjeta de crédito de las entidades bancarias comerciales. Ante la insuficiencia de los ingresos mensuales fijos por el avance inflacionario, los usuarios recurrieron de manera masiva al pago mínimo obligatorio, una estrategia que a mediano plazo genera un efecto de bola de nieve debido a las elevadas tasas de interés vigentes en el mercado local.

Cuando los límites de las tarjetas bancarias tradicionales se agotan, una porción significativa de la población se desplaza hacia el mercado de crédito no bancario o hacia plataformas digitales de préstamos rápidos. Estas opciones, si bien presentan menores requisitos de acceso para perfiles de alto riesgo, operan con tasas de interés significativamente más altas, lo que acelera los procesos de morosidad y conduce a los solicitantes al default financiero en cuestión de semanas.

Las agencias de calificación de riesgo y los departamentos de análisis crediticio de los bancos privados han comenzado a endurecer las condiciones para la renovación de las líneas de crédito existentes. Esta retracción en la oferta de financiamiento, necesaria para preservar la solvencia de las entidades financieras, amenaza con quitarle a las familias su última red de contención económica, presionando aún más a la baja los niveles de consumo interno y deteriorando la cadena de pagos minorista.

Una mirada hacia el futuro inmediato

La persistencia en la suba de la morosidad de las familias argentinas genera incertidumbre sobre el comportamiento de la economía real durante el resto del año en curso. Economistas de diversos sectores coinciden en que, sin una recomposición real del salario que devuelva el poder de compra a los trabajadores, el índice continuará su sendero ascendente, poniendo a prueba la resistencia del sistema financiero y los mecanismos de refinanciación de las entidades.

Las proyecciones para los próximos meses indican que la tasa de corte podría superar la barrera del 12% si se mantienen las condiciones actuales de contracción laboral y alta inflación en los servicios regulados. Las miradas están puestas en las próximas paritarias y en eventuales medidas de alivio financiero que puedan surgir desde el Banco Central para evitar una parálisis mayor en las transacciones cotidianas de la población.