7 de cada 10 argentinos considera culpable a Adorni, según un estudio de la UBA

El denominado «caso Adorni» ha escalado hasta convertirse en el desafío político más severo para la gestión de Javier Milei. Según el último relevamiento del Observatorio de Psicología Social Aplicada (OPSA) de la Universidad de Buenos Aires (UBA), el escándalo que involucra al vocero presidencial —y actual figura de peso en el Gabinete— ha logrado una penetración del 97,3% en la opinión pública del AMBA. Los datos son contundentes: el 70,3% de los encuestados considera al funcionario «totalmente culpable» de las irregularidades patrimoniales que se le adjudican, marcando un quiebre en la confianza del electorado.

Una erosión profunda en la narrativa oficial

El estudio del OPSA establece un paralelismo inquietante para la Casa Rosada con la «foto de Olivos» de la gestión anterior. Al igual que aquel evento, el caso Adorni ha perforado la barrera moral que sostenía el apoyo ciudadano. No se trata simplemente de una denuncia administrativa; el 79,9% de los consultados percibe que este escándalo afecta directamente el núcleo del discurso «anti-casta». La promesa de una política limpia, despojada de los vicios del pasado, se enfrenta hoy a una realidad judicial que investiga patrimonios no declarados y gastos suntuarios en efectivo.

Para una administración que ha hecho de la superioridad estética y moral su bandera de guerra, la sospecha sobre uno de sus comunicadores más hábiles representa un daño estructural. La investigación, actualmente en manos del juez Ariel Lijo y el fiscal Gerardo Pollicita, pone bajo la lupa un patrimonio que superaría los 840.000 dólares, incluyendo refacciones de lujo sin facturación y el polémico uso de bienes del Estado para fines personales.

Los números de la desconfianza ciudadana

El informe desglosa la percepción social con cifras que reflejan una indignación transversal. El 66,5% de los argentinos cree que los hechos denunciados son «reales y graves», descartando la teoría de una «operación de prensa» que suele esgrimir el oficialismo ante las críticas. Además, la credibilidad de Adorni está en mínimos históricos: el 65,8% afirma no creer «nada» de sus explicaciones públicas.

Esta desconfianza no solo se agota en la figura del vocero, sino que se traslada a la institución presidencial. El 62,5% de los encuestados sostiene que el Gobierno nacional ha empeorado su imagen debido a este episodio, mientras que el 74,9% vaticina un perjuicio político a largo plazo para Javier Milei. La noción de que «todos son iguales» empieza a ganar terreno entre aquellos que veían en el actual mandatario una ruptura definitiva con las prácticas de la política tradicional.

El desafío judicial y la demanda de justicia

Más allá del impacto mediático, el caso Adorni expone una demanda social insatisfecha respecto al funcionamiento del Poder Judicial. El 71,8% de los consultados asocia la corrupción con la impunidad garantizada por los tribunales. En este contexto, la presión sobre los jueces federales aumenta, ya que la sociedad no solo juzga al funcionario, sino también la capacidad del sistema para sancionar las irregularidades, independientemente del color político de turno.

La triangulación de fondos con empresas estatales como YPF y la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) son puntos críticos de la causa que la ciudadanía sigue con especial atención. La percepción de que se han utilizado recursos públicos para el beneficio privado es, quizás, el veneno más potente para una gestión que predica el ajuste y el sacrificio de la clase media y los sectores vulnerables.

Conclusión: un punto de no retorno

El Gobierno se encuentra ante una encrucijada comunicacional y política. Si bien la defensa de Adorni ha sido cerrada por parte del círculo íntimo presidencial, los datos del OPSA sugieren que el costo de mantenerlo en su posición podría ser más alto que el de su remoción. La legitimidad del relato oficial está en juego; sin la mística de la transparencia, el proyecto libertario corre el riesgo de ser absorbido por la misma crisis de representación que prometió combatir.