Justicia por Ángel López: una multitud marchó contra la impunidad en Comodoro Rivadavia

La ciudad de Comodoro Rivadavia se vio sacudida por una de las manifestaciones más imponentes de los últimos tiempos. Miles de vecinos, familiares y organizaciones sociales se congregaron para exigir justicia por Ángel López, el pequeño de cuatro años cuya muerte, ocurrida en días pasados, es investigada por la Justicia chubutense como un presunto homicidio. La columna de manifestantes, que partió desde el centro de la ciudad y culminó frente a la Ciudad Judicial, transformó el dolor en un enérgico reclamo contra el sistema de protección de menores.

Una comunidad de pie frente al silencio judicial

Bajo la luz de las velas y el peso de pancartas con el rostro de Ángel, la movilización no solo buscó señalar a los responsables directos, sino también denunciar las fallas institucionales que permitieron este desenlace. El cántico «que no se corra el foco» fue la consigna central, impulsada por Lorena Andrade, madrastra del niño, quien denunció públicamente a la madre biológica y apuntó contra la falta de celeridad en los peritajes iniciales.

La indignación popular se alimentó de otros casos impunes en la región, como los de Valeria Schwab y Diego Serón, cuyos nombres volvieron a resonar en las calles patagónicas como símbolo de una justicia percibida como lenta y burocrática. El hartazgo social quedó de manifiesto en los cánticos dirigidos a las autoridades, reflejando una crisis de confianza profunda en los magistrados locales.

El avance de la investigación: sospechas y peritajes

La causa, caratulada preventivamente como «muerte dudosa potencialmente ilícita», tiene como principales sospechosos a Mariela Altamirano, madre biológica de Ángel, y a su pareja, Maicon González. Los fiscales a cargo del caso, Facundo Oribones y Cristian Olazábal, confirmaron que el examen forense preliminar detectó lesiones craneales recientes, lo que contradice la versión de una descompensación natural sostenida por los convivientes.

A pesar de la gravedad del hallazgo, los fiscales explicaron que las imputaciones formales se encuentran supeditadas a los resultados de los estudios histopatológicos. Estos exámenes serán determinantes para establecer la mecánica de la muerte y definir si los sospechosos enfrentarán cargos por homicidio doloso o abandono de persona seguido de muerte. Mientras tanto, ambos cuentan con defensa oficial asignada, pero la presión social sobre su situación procesal aumenta minuto a minuto.

El rol del sistema de protección de menores

Uno de los puntos más polémicos que emergió durante la marcha fue el cuestionamiento al juez de familia Juan Pablo Pérez. Fue este magistrado quien ordenó el proceso de revinculación de Ángel con su madre biológica, a pesar de que Altamirano se había ausentado de la vida del niño durante tres años.

La decisión de trasladar al menor desde el hogar que compartía con su padre biológico, Luis López, hacia el domicilio de su madre, es hoy vista por la familia y los manifestantes como una falla crítica de evaluación de riesgo. La comunidad cuestiona si los informes técnicos previos al proceso de revinculación fueron lo suficientemente rigurosos para garantizar la integridad física del niño.

Conclusión: una vigilancia social activa

El caso de Ángel López ha traspasado las fronteras de lo policial para convertirse en un emblema de la lucha por los derechos de la infancia en la Patagonia. La masividad de la marcha en Comodoro Rivadavia envía un mensaje claro a los tribunales: la sociedad no aceptará dilaciones en un caso donde las pruebas médicas iniciales ya sugieren violencia. El cierre de esta etapa investigativa será clave no solo para dar descanso a la familia del pequeño, sino para poner a prueba la capacidad de respuesta de una justicia provincial que hoy se encuentra bajo la lupa de todo un país.