Bajo la lupa: diputados intiman a Milei por sus viajes y el presunto escándalo con la cripto $LIBRA
Legisladores exigen informes detallados sobre 30 giras presidenciales y un supuesto acuerdo de 5 millones de dólares vinculado a un proyecto cripto que salpica al entorno oficial.
La Cámara de Diputados de la Nación ha iniciado una ofensiva parlamentaria sin precedentes contra la administración de Javier Milei. Un bloque de trece legisladores de diversos espacios políticos presentó una serie de pedidos de informes y citaciones para que el Poder Ejecutivo rinda cuentas sobre dos ejes críticos: el uso de fondos públicos en giras internacionales con fines presuntamente privados y los supuestos vínculos de la Casa Rosada con el polémico proyecto de criptomonedas $LIBRA.
La iniciativa parlamentaria no solo busca transparentar los costos de traslado, que oscilan entre USD 300.000 y USD 500.000 por viaje, sino que otorga un plazo perentorio de diez días hábiles para que funcionarios de la primera línea —incluyendo a Karina Milei y Manuel Adorni— den explicaciones ante el Congreso sobre un presunto contrato millonario condicionado a la promoción de activos digitales.
Giras presidenciales: ¿Agenda de Estado o interés personal?
El relevamiento de los diputados señala que, en los últimos dos años, el presidente realizó cerca de 30 viajes al exterior, pero advierten que en más de la mitad de esos traslados no existieron reuniones bilaterales con jefes de Estado o agendas institucionales claras. El foco de la crítica reside en el carácter ideológico o partidario de estos eventos, como la participación en el Foro Económico de Madrid, donde las entradas para ver al mandatario alcanzaron los 2.500 euros.
Los legisladores cuestionan si la investidura presidencial y los recursos del Estado (avión oficial, comitivas y seguridad) están siendo utilizados para potenciar la figura personal de Milei en circuitos comerciales privados. «Es necesario determinar si el financiamiento de estas actividades corre por cuenta del erario público o si existe un conflicto de intereses con los organizadores de dichos eventos», sostiene el documento presentado.
El factor $LIBRA: el acuerdo de los 5 millones
El punto más sensible de la investigación parlamentaria apunta a la criptomoneda $LIBRA. Según los pedidos de informe, existiría documentación fechada en febrero de 2025 que probaría un acuerdo por USD 5 millones vinculado a la promoción del proyecto por parte del entorno presidencial. La justicia y el Congreso siguen la pista de comunicaciones entre el trader Mauricio Novelli y colaboradores cercanos al Ejecutivo.
Los diputados buscan esclarecer:
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Registros de ingresos a Casa Rosada de empresarios vinculados a $LIBRA.
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Posibles acuerdos de utilización de la imagen presidencial para dar credibilidad al activo digital.
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Existencia de dádivas o retribuciones económicas a funcionarios por la difusión del esquema cripto.
Emplazamiento a funcionarios clave
Ante la falta de respuestas a requerimientos previos, la Cámara Baja avanzó con el pedido de interpelación a la secretaria general de la Presidencia, Karina Milei, y al jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Ambos funcionarios, responsables de la logística presidencial y la comunicación oficial respectivamente, deberán responder sobre la hoja de ruta de los viajes y la veracidad de los vínculos con el mundo de las criptofinanzas.
La ofensiva legislativa incluye también solicitudes de acceso a la información pública para obtener los manifiestos de vuelo y el detalle de los gastos de hotelería de alta gama que, según estimaciones preliminares, habrían demandado millones de dólares en moneda extranjera en un contexto de fuerte ajuste interno.
Un conflicto de poderes en puerta
La negativa sistemática del Ejecutivo a responder pedidos de informes anteriores ha agotado la paciencia de un sector del Congreso que ahora apuesta por la vía de la interpelación directa. Si el Gobierno no logra justificar la institucionalidad de sus viajes y desmarcarse fehacientemente del escándalo $LIBRA, la crisis podría escalar hacia denuncias judiciales por malversación de caudales públicos y tráfico de influencias. El plazo de diez días marca el inicio de una cuenta regresiva que pondrá a prueba la transparencia de la narrativa oficial.
