La Justicia estrecha el cerco sobre Manuel Adorni por enriquecimiento ilícito

La situación judicial del jefe de Gabinete, Manuel Adorni, ha escalado a un nivel de compromiso crítico. En las últimas horas, el Ministerio Público Fiscal, bajo la firma de Gerardo Pollicita, solicitó avanzar con una batería de medidas probatorias en la causa que investiga un presunto enriquecimiento ilícito. El foco de la Justicia está puesto en la inconsistencia entre el patrimonio declarado por el funcionario y el nivel de gastos exhibido, con un hito insoslayable: el polémico viaje en jet privado a Punta del Este.

El «vuelo del escándalo» bajo la lupa de Pollicita

El pedido de la fiscalía apunta a desenterrar la verdadera ingeniería financiera detrás de los traslados internacionales de Adorni. El objetivo primordial es determinar quién financió el jet privado, bajo qué modalidad de pago se ejecutó la operación y si dichos movimientos figuran en los registros contables del funcionario o de los presuntos «anfitriones».

De acuerdo con las estimaciones preliminares que constan en el expediente, el costo de un vuelo de estas características resulta incompatible con el salario neto que percibe Adorni como jefe de Gabinete. Esta brecha entre ingresos y egresos es la que sustenta la hipótesis de irregularidades en el ejercicio de la función pública y abre la puerta a una posible imputación por dádivas o incremento patrimonial no justificado.

Marcelo Grandío: el testigo que puede complicar todo

Un eslabón fundamental en la estrategia de la fiscalía es la citación a declaración testimonial de Marcelo Grandío, amigo íntimo de Adorni y acompañante en el viaje a Uruguay. La Justicia detectó contradicciones flagrantes en las versiones informales que circularon hasta el momento:

• Versión A: Se habría tratado de una invitación de cortesía sin costo para el funcionario.

• Versión B: Los gastos habrían sido compartidos proporcionalmente entre los pasajeros.

La fiscalía busca que Grandío precise, bajo juramento, el origen de los fondos. Si se comprueba que Adorni no pagó su parte, la figura de la dádiva cobraría fuerza; si pagó de su bolsillo, deberá explicar de dónde extrajo una suma que supera con creces su capacidad de ahorro declarada.

El rol del juez Ariel Lijo

La causa se encuentra radicada en el juzgado de Ariel Lijo, quien ahora posee la responsabilidad institucional de dar lugar a los pedidos de Pollicita. El magistrado deberá autorizar el peritaje sobre las cuentas bancarias, los registros de la empresa de aviación privada y la citación formal de los involucrados.

Este avance judicial se produce en un contexto de extrema sensibilidad para el Gobierno, ya que Adorni no solo ocupa la jefatura de Gabinete, sino que ha sido la cara visible de la narrativa de «transparencia y austeridad» de la gestión libertaria. Un procesamiento por enriquecimiento ilícito golpearía la línea de flotación de la credibilidad oficial.