El sector Discapacidad advierte que los aumentos no alcanzan y sostiene que “la emergencia continúa”
El Foro Permanente denunció que los recientes incrementos oficiales se aplican sobre bases desactualizadas, profundizando la crisis de los prestadores y el riesgo de atención para miles de familias.
La reglamentación de la Ley de Emergencia en Discapacidad (Ley 27.793) por parte del Poder Ejecutivo no ha logrado calmar las aguas en un sector que se declara en estado crítico. El Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad emitió este viernes un contundente rechazo a los anuncios oficiales, advirtiendo que las medidas de recomposición económica resultan insuficientes para revertir el deterioro acumulado. Según el organismo, el sistema de prestaciones básicas sigue operando bajo una «emergencia vigente» que amenaza la continuidad de centros terapéuticos, transportistas y profesionales independientes.
Una actualización que nace con deuda
La controversia escaló tras la reunión del Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas, donde se aprobó un incremento del 5,78% en los valores del Nomenclador, aplicable a partir de febrero de 2026. Esta cifra fue calculada en función de la variación del Índice de Precios al Consumidor (IPC) de los meses de diciembre de 2025 y enero de 2026. Si bien el Gobierno estableció que, desde marzo, los aranceles se actualizarán de manera automática y mensual siguiendo la inflación del Indec, desde el sector aseguran que la medida es un «parche» que no ataca el problema de fondo.
«Si los aumentos se calculan desde bases que ya arrastran deudas y desfasajes históricos, nunca se va a poder lograr el objetivo de sustentabilidad», señalaron desde el Foro en un extenso comunicado. La entidad sostiene que, para una recomposición efectiva que garantice los derechos de las personas con discapacidad y la operatividad de los servicios, el incremento inicial debería haber sido del 40%. Sin esa base de nivelación, la actualización mensual por IPC solo sirve para cristalizar el déficit operativo de las instituciones.
Disputas políticas y comparaciones con el sector privado
El conflicto no es solo económico, sino también político. Ante las declaraciones de funcionarios que atribuyeron la crisis actual a una supuesta pasividad del sector durante la gestión de Alberto Fernández, el Foro respondió con dureza. Presentaron actas que documentan el rechazo sistemático a los aumentos otorgados en el período anterior, desmintiendo la falta de reclamos previa.
Asimismo, la organización trazó una comparación crítica con otros sectores de la salud. Cuestionaron la disparidad de criterios del Gobierno que, mientras restringe los fondos para discapacidad bajo argumentos de austeridad, ha permitido a las empresas de medicina prepaga aplicar aumentos por encima de la inflación general. Esta «doble vara» es vista por los prestadores como una despriorización de la población más vulnerable en favor de la desregulación del mercado de salud privada.
El riesgo de cierre y la desatención
El escenario para 2026 se presenta sombrío para los prestadores de servicios de atención integral. Muchos centros terapéuticos y servicios de transporte especial se encuentran «al borde del cierre» debido a que los aranceles actuales no cubren los costos mínimos de funcionamiento, combustible y salarios profesionales. La Ley de Emergencia, que el presidente Javier Milei reglamentó hace diez días tras un intento de veto y fuertes presiones judiciales, buscaba precisamente evitar el colapso del sistema, pero su implementación administrativa está generando nuevas distorsiones.
La falta de una compensación adecuada por el período diciembre 2023/diciembre 2024 es el punto de mayor fricción. El Foro advierte que, de no mediar una mesa de diálogo que reconozca el atraso estructural, la calidad de vida de las personas con discapacidad se verá seriamente comprometida por la interrupción de terapias y traslados esenciales.
Conclusión
La crisis en el área de discapacidad dista mucho de haberse resuelto con la firma de un decreto o una actualización porcentual mínima. El reclamo del sector es claro: no se puede indexar la miseria. Mientras el Gobierno se apoya en la actualización automática por IPC como signo de ordenamiento, los prestadores denuncian que están financiando el sistema con su propio patrimonio. La emergencia continúa y, con ella, la incertidumbre para miles de ciudadanos que dependen de un Estado que garantice su acceso efectivo a la salud y la integración.
