Argentina y EE. UU. negocian acuerdo para la recepción de deportados

La política exterior argentina podría estar a las puertas de un compromiso inédito. Según informó este viernes el diario The New York Times, la Casa Blanca y la Casa Rosada mantienen negociaciones de alto nivel para formalizar un tratado que convertiría a la Argentina en un país de destino para migrantes deportados desde los Estados Unidos. El acuerdo, que se maneja bajo un estricto hermetismo diplomático, permitiría a la administración de Donald Trump trasladar al Cono Sur a ciudadanos de diversas nacionalidades que no pueden ser repatriados a sus países de origen.

El modelo de «tercer país» y la ofensiva de Trump

Desde su regreso al poder, Donald Trump ha puesto en marcha un operativo de deportación masiva sin precedentes, movilizando agentes federales en las principales ciudades estadounidenses. Ante la dificultad logística y diplomática de devolver inmigrantes a naciones con las que EE. UU. no tiene relaciones fluidas, la Casa Blanca busca «socios de acogida».

Argentina se sumaría así a una lista que ya integran países como Panamá, El Salvador y Costa Rica. Sin embargo, la particularidad del caso argentino radica en la distancia geográfica y la intención del presidente Javier Milei de demostrar un alineamiento total con los intereses de Washington, incluso asumiendo los costos sociales y operativos que este tipo de convenios conlleva.

Claves de la negociación: hermetismo y objetivos

Aunque el Palacio San Martín no ha emitido una confirmación oficial, las fuentes citadas por el medio estadounidense indican que la propuesta surgió directamente del Departamento de Seguridad Nacional de EE. UU. Los puntos centrales del debate son:

• Triangulación de deportados: Argentina recibiría a extranjeros (no necesariamente argentinos) para que, desde aquí, se gestione su retorno final o su radicación.

• Fortalecimiento de la alianza: Para Milei, este gesto funcionaría como una «moneda de cambio» política para obtener respaldo en organismos financieros internacionales.

• Capacidad operativa: Se cuestiona si Argentina cuenta con la infraestructura para procesar un flujo constante de personas bajo estas condiciones.

Críticas opositoras

Desde el Congreso, el diputado Maximiliano Ferraro y otros bloques opositores han exigido que la ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, y el canciller informen sobre el contenido de estas charlas. La preocupación radica en la falta de transparencia: «El Presidente no puede ocultar información que compromete la soberanía y la seguridad interior», señalaron desde la oposición.

Contexto migratorio nacional

Este posible acuerdo se inscribe en un clima de endurecimiento de los controles migratorios en Argentina. Recientemente, el Ministerio de Seguridad informó la expulsión o inadmisión de 5.000 extranjeros en operativos vinculados a irregularidades documentales o antecedentes penales. El discurso libertario, cada vez más alineado con la retórica de la «frontera segura», parece preparar el terreno para una reforma legislativa que facilite estas expulsiones y, eventualmente, la recepción de los contingentes enviados por Trump.

Un riesgo político de alto vuelo

De concretarse, este tratado marcaría un hito en la historia de las relaciones bilaterales, pero también expondría a la Argentina a desafíos humanitarios y legales significativos. La figura de «tercer país seguro» o de acogida para deportados ha sido cuestionada por organismos internacionales debido a los riesgos de vulneración de derechos. Para el gobierno de Milei, el éxito de esta apuesta depende de si los beneficios geopolíticos logran compensar el descontento social y las previsibles impugnaciones judiciales que un acuerdo de este tipo generará en el corto plazo.