La Justicia intima al Gobierno a aplicar la Ley de Discapacidad antes de febrero

En un fallo que marca un límite judicial a las políticas de ajuste del Poder Ejecutivo, el titular del Juzgado Federal de Campana, Adrián González Charvay, intimó al Gobierno Nacional a demostrar avances concretos en la implementación de la Ley de Emergencia en Discapacidad. La resolución establece que la normativa debe encontrarse en «plena ejecución» para el próximo 4 de febrero de 2026. El magistrado advirtió que el incumplimiento de este plazo perentorio derivará en la aplicación de multas diarias personales contra los funcionarios responsables de las áreas involucradas, incluyendo carteras de Capital Humano y Salud, ante la persistente demora en la reglamentación y financiamiento del sector.

Un freno judicial al Decreto 681/2025

La medida judicial surge como respuesta al intento de la administración de Javier Milei de suspender la aplicación de la ley mediante el Decreto 681/2025. El Ejecutivo había fundamentado esta decisión en la restricción de partidas presupuestarias y la necesidad de alcanzar el equilibrio fiscal. Sin embargo, el juez González Charvay ratificó que los derechos de las personas con discapacidad gozan de una protección constitucional y convencional que impide su postergación por razones financieras.

El fallo subraya el principio de «no regresividad» en materia de derechos sociales, recordando que el Congreso de la Nación ya había insistido en la vigencia de la norma tras el veto presidencial inicial. Para la justicia, la «falta de fondos» no constituye un argumento técnico válido para desoír una ley que protege a un colectivo en situación de vulnerabilidad extrema, obligando al Estado a reasignar partidas de manera inmediata.

El reclamo de los protagonistas: «No hay más tiempo»

Referentes del colectivo de discapacidad y figuras públicas han alzado la voz ante la parálisis del sistema de prestaciones. La actriz Lola Berthet, una de las voces más activas en el reclamo, enfatizó la gravedad de la situación actual: «No hay más tiempo, el sector de discapacidad no puede esperar más. La ley fue votada, el veto fue rechazado y ahora la justicia le da cinco días al gobierno para que demuestre que la está cumpliendo». Según Berthet, la falta de reglamentación está provocando que los prestadores no cobren y los pacientes pierdan sus tratamientos esenciales.

En la misma línea, la actriz Valentina Bassi detalló la importancia técnica del fallo: «La justicia acaba de intimar al gobierno nacional. Tienen cinco días para demostrar que la ley se está cumpliendo. El 4 de febrero tiene que estar en plena ejecución y, si no cumplen, comenzarían las multas para los funcionarios». Bassi calificó este paso judicial como un hito para evitar que el Ejecutivo continúe dilatando la garantía de derechos adquiridos.

Colapso del sistema de prestaciones

El conflicto técnico de fondo se traduce en un «ahogo financiero» que pone en riesgo la continuidad de escuelas especiales, centros terapéuticos y servicios de transporte adaptado. Actualmente, el sistema enfrenta dos problemas críticos:

• Corte de la cadena de pagos: Las obras sociales y prepagas registran demoras de entre 60 y 90 días en los pagos.

• Aranceles desactualizados: Los valores fijados por el Gobierno se mantienen congelados o con incrementos que no alcanzan a cubrir la inflación de costos operativos, como sueldos y mantenimiento.

Esta situación ha derivado en una deserción profesional masiva y el cierre de centros de día que no pueden afrontar los gastos de servicios y salarios.

Plazos y consecuencias para el Ejecutivo

El cronograma fijado por la Justicia es tajante. El Gobierno cuenta con cinco días hábiles para presentar documentación real y auditable —no meros proyectos o análisis de factibilidad— que acredite el cumplimiento de la ley. De no mediar una respuesta satisfactoria antes del 4 de febrero, la Justicia activará las sanciones pecuniarias contra los funcionarios.