Retroceso de derechos: Amnistía Internacional denuncia el desmantelamiento de políticas de género con un femicidio cada 35 horas en Argentina

Alerta de Amnistía Internacional: el Estado argentino se retira de la protección contra la violencia de género

En vísperas del Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra las Mujeres (25N), Amnistía Internacional Argentina lanzó una dura advertencia sobre el estado de las políticas de género en el país, señalando un alarmante retroceso de derechos bajo la gestión de Javier Milei. La organización denuncia que la profundización del desmantelamiento de programas clave está agravando un escenario ya crítico, donde la vida de mujeres, niñas, adolescentes y personas LGBTI+ está en riesgo.

Según el informe, la situación es doblemente dramática: mientras la Defensoría del Pueblo de la Nación registra un femicidio cada 35 horas en Argentina, la respuesta estatal se ha debilitado sistemáticamente. Desde diciembre de 2023, la administración actual ha desarticulado organismos y programas esenciales.

El impacto más significativo, según AI, es que por primera vez en casi cuatro décadas, Argentina carece de un organismo con competencias específicas para la atención y prevención de la violencia de género. Esta desestructuración deja a miles de personas sin la contención, el acompañamiento ni la protección estatal necesaria.

Recortes presupuestarios y eliminación de programas clave

La crisis se traduce en números alarmantes en materia presupuestaria. El informe de Amnistía Internacional destaca:

• Recorte Presupuestario: El presupuesto para los principales programas destinados a prevenir y atender la violencia de género se redujo en un 89% desde 2023.

• Programas Eliminados: Se eliminaron 13 programas claves, incluyendo aquellos de apoyo urgente frente a violencias extremas por motivos de género y el fundamental Programa Acercar Derechos (PAD), esencial para garantizar el acceso a la justicia y la contención integral.

Mariela Belski, directora ejecutiva de Amnistía Internacional Argentina, contextualizó la situación dentro de una «ofensiva global, organizada y bien financiada» que busca revertir los avances en los derechos de las mujeres y diversidades. «Estos retrocesos no son accidentales: responden a una agenda internacional que quiere borrar conquistas que costaron décadas», afirmó.

Retroceso en herramientas específicas de atención

El desmantelamiento no solo afectó a los programas de prevención y apoyo, sino a las herramientas específicas de contención:

• Línea 144: La línea de atención a mujeres en situación de violencia fue transformada en un servicio genérico, desdibujando su especificidad. Además, su presupuesto se redujo en dos tercios en 2024 y su partida específica fue eliminada en el proyecto de presupuesto 2026.

• Programa Acompañar: Este programa, que brindó ayuda económica y apoyo a 350.000 mujeres desde 2020, atraviesa una situación crítica. Su alcance y condiciones de acceso se restringieron, y su presupuesto cayó un 90% en 2024 respecto al año anterior.

Barreras al acceso a derechos sexuales y reproductivos

La política de recortes y desmantelamiento se extiende a los derechos sexuales y reproductivos, evidenciando un retroceso en áreas vitales para la autonomía de las mujeres.

Amnistía Internacional alertó sobre un alarmante aumento de barreras para acceder a la Interrupción Voluntaria y Legal del Embarazo (IVE/ILE), recibiendo el triple de denuncias por obstáculos en el acceso al aborto que en todo 2024.

Simultáneamente, la distribución de métodos anticonceptivos y tests de embarazo cayó un 81% entre 2023 y 2024. Además, el Plan ENIA (Estrategia Nacional para la Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia), fue desmantelado y quedó sin financiamiento para el ciclo 2026.

Violencia digital y escrutinio internacional

El informe también pone el foco en la violencia de género en entornos digitales, que se ha intensificado, atacando especialmente a periodistas, voceras y comunicadoras. Lucila Galkin, directora de género y diversidad de AI, señaló que, cuando las víctimas son mujeres, la violencia toma formas específicas: «insultos sexualizados, ridiculización física y amenazas a la familia». El informe menciona el caso de la periodista Julia Mengolini, que denunció una campaña de difamación amplificada desde altas esferas del poder.

Este desmantelamiento de políticas coloca a Argentina en una posición delicada de cara a la comunidad internacional. En 2026, el país deberá rendir cuentas ante el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer de la ONU (CEDAW). Amnistía Internacional alerta sobre el “riesgo de incumplir compromisos internacionales” debido a la falta de políticas efectivas y el desmantelamiento de estructuras que son obligatorias bajo los tratados de derechos humanos.