Crisis de acceso a la insulina: la ley de diabetes se convierte en «letra muerta» y pone en peligro a cinco millones de argentinos
Asociaciones de diabetes declaran el estado de alerta ante la falta de insulina y la sobrecarga administrativa en el sistema de salud, un incumplimiento de la Ley 26.914 que eleva el costo del tratamiento básico a $500.000 mensuales, amenazando la vida de la población más vulnerable.
Argentina enfrenta una crisis sanitaria total en el acceso al tratamiento de la diabetes, lo que ha motivado a las principales asociaciones a declararse en estado de alerta formal. La grave situación, descrita por expertos como «severa e inconcebible», se debe a la falta crónica de insulina e insumos esenciales en hospitales públicos, clínicas y a la ineficiente gestión burocrática de obras sociales y prepagas. Este obstáculo administrativo y económico anula la protección de la Ley Nacional de Diabetes (26.914), poniendo en riesgo vital a la población, particularmente a aquellos de bajos recursos que no pueden afrontar los costos crecientes de la medicación.
Riesgo vital y el retorno al pasado: sin insulina, no hay vida
La interrupción del tratamiento para la diabetes no es un inconveniente menor; es una amenaza directa e inmediata a la vida del paciente. El director del comité científico de la Federación Argentina de Diabetes, Gabriel Lterov, y otros especialistas, advierten con angustia que la situación se agrava, recordando que, antes de la existencia de la insulina, la expectativa de vida para una persona con diabetes tipo 1 no superaba los seis meses.
La medicina actual garantiza la prevención de complicaciones crónicas (ceguera, amputaciones, problemas cardiovasculares) a través del control estricto de glucosa, colesterol e hipertensión. Sin embargo, la problemática se traduce en la práctica en:
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Demoras crónicas: Los pacientes deben acudir repetidas veces (tres, cuatro o hasta cinco) a buscar su medicación sin éxito o sin encontrarla completa.
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«Retaseo» de insumos: Se registra una escasez o retención deliberada de insulinas, tiras reactivas y medicamentos esenciales.
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Obstáculos burocráticos: Las planillas administrativas exigidas por prepagas y obras sociales a los médicos se han vuelto cada vez más engorrosas, forzando a los pacientes a interrupciones involuntarias.
El peso inasumible del tratamiento en un contexto de incumplimiento legal
Argentina posee la Ley 26.914, calificada como «una de las mejores leyes de diabetes a nivel internacional», que garantiza la cobertura total de medicamentos, insumos, tratamientos, tecnologías, controles profesionales y programas educativos. Sin embargo, las fuentes señalan que la ley se está incumpliendo en todos sus puntos a lo largo del sistema de salud.
La carga económica
La interrupción del acceso gratuito golpea directamente el bolsillo de los pacientes, transformando la diabetes en una pesada carga financiera:
| Esquema de Tratamiento | Costo Mensual Estimado |
| Esquema Básico (Insulina Rápida, Lenta y Agujas) | $500.000 |
| Esquemas de Insulinas Basales y Orales | $100.000$ a $300.000 |
Ante estos montos, si un obstáculo administrativo impide el acceso a la medicación gratuita, las personas de bajos recursos quedan absolutamente imposibilitadas de comprarla, condenándolas a la interrupción del tratamiento.
Corresponsabilidad del incumplimiento
La ley se está incumpliendo en todos los niveles del sistema federal de salud:
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Estado Nacional: Responsable principal, cuya falta de provisión de fondos para prevención y cobertura afecta a toda la cadena.
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Provincias y Municipios: Hay estados provinciales que tampoco están logrando cubrir la cantidad de insulina necesaria en los espacios públicos.
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Prepagas y Obras Sociales: Estos entes están «escatimando o demorando» la entrega de lo que la ley exige.
Sobrecarga en las asociaciones: el último dique de contención
El problema de la diabetes afecta a unos cinco millones de personas en Argentina, de las cuales solo el 30% que sabe que la padece está bajo tratamiento.
La falla en el cumplimiento de la ley por parte del Estado, las obras sociales y las prepagas ha provocado que la demanda de ayuda en las asociaciones civiles se dispare en un 50%.
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Organizaciones como la Liga Argentina de Protección al Diabético reciben ahora hasta 600 personas por mes que antes obtenían su tratamiento por la vía pública o privada.
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Aunque estas instituciones (Federación, Liga, ADA, Fundación Sedacá) están logrando paliar la situación a través de donaciones, la situación es insostenible: las heladeras de estas asociaciones «se están quedando casi vacías».
El desfinanciamiento de los programas públicos de salud está recayendo sobre las espaldas de las organizaciones de la sociedad civil, las cuales están llegando a su límite de capacidad para solventar el derecho que el Estado debería garantizar. La ley, aunque excelente en papel, es «letra muerta» si no se hace lo necesario para asegurar su cumplimiento universal.
