Causa ANDIS: Quiénes son los 15 investigados por coimas y sobreprecios en insumos médicos

Corrupción en la discapacidad: La Causa ANDIS expone un esquema de sobreprecios y coimas

La Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se encuentra en el centro de un grave escándalo judicial que investiga presuntos hechos de corrupción. La Causa ANDIS apunta a un sofisticado esquema de direccionamiento de compras, sobreprecios y manejo irregular de fondos públicos destinados a la provisión de medicamentos e insumos médicos de alto costo. La investigación, impulsada por la fiscalía, ha puesto bajo la lupa a 15 personas, incluyendo a exfuncionarios clave del organismo y representantes del sector privado.

El proceso judicial avanza con firmeza, buscando determinar el rol exacto de cada imputado en el circuito de irregularidades. Las medidas adoptadas por la justicia, incluyendo allanamientos y secuestro de dispositivos, sugieren la complejidad y la magnitud del presunto desfalco que habría afectado fondos vitales para la población con discapacidad.

Los principales investigados: Ex titular y director de salud, en la mira

La lupa de la fiscalía se posa principalmente sobre dos exfuncionarios de alta jerarquía dentro de la ANDIS, señalados como los responsables de la maquinaria de corrupción:

• Diego Spagnuolo: Ex titular del organismo.

• Daniel Garbellini: Ex director de Acceso a los Servicios de Salud.

Según las hipótesis del Ministerio Público Fiscal, ambos serían responsables directos del direccionamiento de compras y de permitir la injerencia de terceros ajenos a la función pública en decisiones críticas que involucraban el manejo de fondos del Estado.

En un paso clave para la investigación, se ordenó el secuestro de todos los dispositivos electrónicos de Spagnuolo, Garbellini y también de Miguel Ángel Calvete, con el objetivo de hallar evidencia digital que demuestre el circuito de las supuestas coimas y el acuerdo de sobreprecios.

Allanamientos y otros imputados en la trama

La investigación se ramifica hacia otros exfuncionarios y empresarios que habrían colaborado o participado del presunto esquema. Se realizaron allanamientos en los domicilios de tres personas clave, buscando documentación, dinero y elementos tecnológicos relacionados con contrataciones fraudulentas con diversas droguerías:

• Eduardo Nelio González

• Lorena Di Giorno

• Pablo Atchabahian

Además de los mencionados, otras 12 personas han sido llamadas a declarar como imputadas por su presunta participación en la trama de la Causa ANDIS. La fiscalía busca establecer su grado de conocimiento e implicación en el direccionamiento de fondos y las compras con irregularidades.

Exfuncionarios y colaboradores bajo sospecha

Entre los otros involucrados que deberán comparecer ante la justicia, se encuentran:

• Roger Edgar Grant

• Luciana Ferrari

• Federico Maximiliano Santich

• Guadalupe Ariana Muñoz

• Patricio Gustavo Rama

• Ruth Noemí Lozano

• Andrés Horacio Arnaudo

• Silvana Vanina Escudero

• Alejandro Gastón Fuentes Acosta

Las medidas de prueba se extendieron a los domicilios de otros posibles colaboradores, incluyendo a Sebastián Nuner Uner, Sergio Daniel Mastropietro, Julio César Viera, Diego D’Giano, Ornella Calvete, Fernando Jensen y Fernando Daniel Domínguez. Además, se allanó la sede de la empresa Baires Fly S.A., sugiriendo posibles vínculos entre el presunto esquema de corrupción y el sector privado.

El futuro de la investigación: Próximos pasos judiciales

Actualmente, el juzgado y la fiscalía trabajan en la etapa de análisis de la evidencia incautada, que será crucial para determinar el rol específico y la responsabilidad penal de cada uno de los $15$ imputados. Las indagatorias se perfilan como el próximo paso procesal fundamental, donde los acusados tendrán la oportunidad de dar su versión de los hechos.

La Causa ANDIS es un claro ejemplo de la lucha contra la corrupción en áreas sensibles del Estado. La investigación, que se mantiene en curso, busca llevar transparencia al manejo de fondos públicos en un organismo dedicado a una de las poblaciones más vulnerables del país. La determinación de responsabilidades y la recuperación de los fondos presuntamente desviados son los objetivos centrales del proceso judicial en marcha.