El ajuste de Milei recorta la asistencia energética y compromete inversiones
El plan de ajuste fiscal del gobierno de Javier Milei ha provocado la menor asistencia al sector energético en los últimos cinco años. La retención de pagos por más de US$350 millones a productoras de gas ha generado un fuerte reclamo de las empresas.
El Ministerio de Economía, a cargo de Luis Caputo, y la Secretaría de Hacienda, conducida por Carlos Guberman, mantienen retenidos pagos críticos a las principales productoras de gas del país, una deuda que supera los US$350 millones. Este monto se calcula a partir de la conversión a tipo de cambio mayorista de los $150.000 millones adeudados por el 45% de la factura de junio y los $360.000 millones correspondientes a julio, cuyo vencimiento se cumplió recientemente.
Los fondos retenidos estaban comprometidos para cubrir el suministro de gas a través del Plan Gas, el esquema de incentivos diseñado para garantizar a las empresas un precio sostén por metro cúbico producido. La falta de giro de estos fondos por parte de la Secretaría de Hacienda ha desatado una crisis de liquidez y previsibilidad en el sector.
Reclamo unificado y el riesgo a la producción
La Cámara de Exploración y Producción de Hidrocarburos (CEPH) y la Cámara Argentina de Energía (CADE) elevaron su preocupación a las autoridades. Enviaron comunicaciones a María Tettamanti, secretaria de Energía, y a Guberman, advirtiendo que la reiteración de estos atrasos impacta «severa y negativamente en el flujo de fondos previsto para las inversiones» de sus asociados.
Entre las compañías afectadas por esta deuda se encuentran gigantes del mercado como YPF, TotalEnergies, Tecpetrol, Pan American Energy, Vista, Shell, Chevron, Pluspetrol y Pampa Energía.
El mensaje del sector fue contundente: la demora en los pagos de la administración Milei «ponen en riesgo los planes de inversión» previstos para los próximos meses, justo en un momento en que el país necesita asegurar el suministro futuro, especialmente de cara al próximo invierno.
Incumplimiento contractual y falta de previsibilidad
El malestar de las productoras no se limita únicamente a la demora en recibir el capital adeudado. Las empresas también han elevado una queja formal contra la decisión del Tesoro nacional de no reconocer intereses por mora ni aplicar las penalidades estipuladas por el incumplimiento de las cláusulas “tomar o pagar” establecidas en los contratos de abastecimiento del Plan Gas.
Según fuentes del sector, la omisión de estas obligaciones contractuales es un factor que socava la previsibilidad de los proyectos de inversión a largo plazo. Las compañías necesitan certidumbre financiera para comprometer grandes capitales, y la falta de cumplimiento de los términos contractuales genera un ambiente de desconfianza.
El recorte de subsidios: el telón de fondo del ajuste
El contexto de esta crisis de pagos es la política de fuerte ajuste fiscal que implementa el Ministerio de Economía. Los datos oficiales reflejan un profundo recorte en el gasto estatal destinado al sector.
Entre enero y agosto de 2025, los subsidios al sector energético totalizaron US$2.331 millones. Esta cifra representa una reducción de más del 50% en comparación con los US$4.823 millones que se destinaron en el mismo período de 2024.
Si bien la política de reducción de subsidios busca achicar el déficit, la simultánea retención de pagos a las productoras —que son pagos contractuales y no subsidios en sí mismos— crea un doble impacto negativo. El sector advierte que esta combinación de ajuste y falta de pago oportuno podría comprometer la estabilidad del suministro energético y dificultar las operaciones necesarias para garantizar la demanda de gas, especialmente en los meses de mayor consumo.
