Milei veta ley de emergencia pediátrica y genera conflicto en el sector de salud

El gobierno de Javier Milei oficializó el veto a la Ley de Emergencia Pediátrica, una medida que generó un fuerte rechazo en el ámbito de la salud y el espectro político. La decisión, publicada en el Boletín Oficial, se conoció justo en la fecha límite para su promulgación o rechazo, sumando una nueva normativa a la lista de proyectos vetados por la actual gestión.

La Ley de Emergencia Pediátrica había sido impulsada por legisladores de distintos bloques, logrando un consenso bipartidista que culminó con su aprobación unánime en ambas cámaras del Congreso. Su objetivo era destinar fondos urgentes a los hospitales pediátricos del país, con especial énfasis en el Hospital Garrahan, una institución de referencia nacional, para garantizar su funcionamiento pleno y sostenido.

El argumento del Gobierno

Desde el Poder Ejecutivo, el argumento central para el veto se basó en el artículo 84 de la Constitución Nacional. Según lo expresado por fuentes oficiales, la ley no contaba con el «sostén presupuestario necesario» y su implementación «afectaría el equilibrio fiscal» que el Gobierno prioriza. La administración de Milei sostiene que cualquier incremento en el gasto público debe ser debatido y aprobado en el marco del Presupuesto Nacional para no comprometer la meta de déficit cero.

El proyecto de ley vetado, además de declarar la emergencia por un período de dos años, contemplaba la asignación de partidas especiales para la compra de insumos, equipamiento médico y, crucialmente, para la recomposición salarial del personal de salud especializado en pediatría. Este sector ha sido uno de los más afectados por la crisis económica, con profesionales que, debido a los bajos salarios, han dejado el sistema de salud público.

Reacciones políticas y sociales

La decisión del veto desató una ola de críticas en el arco político y social. Desde el Congreso, distintos diputados y senadores que promovieron la ley manifestaron su indignación y anunciaron que buscarán revertir el veto en el Parlamento. Para ello, necesitarán reunir una mayoría de dos tercios de los votos en ambas cámaras, un escenario que se vislumbra como una nueva prueba de fuerza entre el Ejecutivo y el Legislativo.

El sector de la salud también expresó su repudio. Organizaciones médicas, gremios y trabajadores del Hospital Garrahan advirtieron sobre las consecuencias directas de esta decisión, que agrava la precaria situación en la atención infantil. La falta de insumos, el equipamiento obsoleto y las guardias desbordadas son algunas de las problemáticas que la ley buscaba mitigar, y su rechazo profundiza la crisis en un área vital.

El veto a la emergencia pediátrica se suma a una serie de medidas de este tipo por parte del presidente Javier Milei, consolidando su enfoque de ajuste fiscal por encima de otras prioridades sociales. Entre los vetos más resonantes de su gestión se encuentran el de la Ley de Financiamiento Universitario, la de movilidad jubilatoria y la de moratoria previsional. La reversión reciente del veto a la Ley de Emergencia en Discapacidad por parte del Congreso podría sentar un precedente para el futuro de esta nueva disputa legislativa.

Impacto en la atención pediátrica

La anulación de la ley deja en una situación de mayor vulnerabilidad a miles de niños y niñas que dependen de la salud pública. El Hospital Garrahan, que atiende una gran proporción de casos complejos, incluidos tratamientos oncológicos, es el epicentro de esta crisis. El personal de la institución ha manifestado su preocupación ante la falta de recursos, que podría afectar directamente la calidad y la continuidad de los servicios. La discusión ahora se traslada al Congreso, donde la oposición evaluará si tiene la capacidad de reunir los votos necesarios para insistir con el proyecto y revertir la decisión presidencial.