Secuestran celular de la directora de la ANMAT en una investigación por fentanilo
La Justicia federal avanza en la causa por el fentanilo adulterado que causó 96 muertes y ordenó el secuestro del teléfono de Nélida Agustina Bisio. La fiscal apunta a la responsabilidad de organismos de control.
Un giro crucial se produjo en la investigación por las muertes causadas por fentanilo adulterado, una tragedia que ya se cobró al menos 96 vidas. La Justicia federal secuestró el teléfono de Nélida Agustina Bisio, directora de la Administración Nacional de Medicamentos, Alimentos y Tecnología Médica (ANMAT), en un operativo ordenado por el juez Ernesto Kreplak. La medida busca determinar si hubo responsabilidad o negligencia por parte de este organismo de control y otras entidades públicas en el ingreso y fiscalización del potente opioide.
La fiscalía apunta a la negligencia de organismos de control
La fiscal Laura Roteta, quien impulsa la investigación, considera que la ANMAT, el Instituto Nacional de Medicamentos (INAME) y el Ministerio de Salud pudieron haber actuado con “negligencia, connivencia o complicidad” en los procesos de inspección de los laboratorios HLB Pharma y Ramallo S.A. Ambos establecimientos están vinculados a Ariel García Furfaro, uno de los principales investigados en la causa. La sospecha de que los organismos públicos no cumplieron con su rol de control es el eje central de esta nueva etapa de la pesquisa, que podría derivar en acusaciones contra funcionarios.
Allanamiento y medidas judiciales
En una jornada de intensa actividad judicial, el juez Kreplak ordenó una serie de allanamientos simultáneos. Se inspeccionaron la sede central de la ANMAT en la Ciudad de Buenos Aires y la del INAME en Caseros, provincia de Buenos Aires. Adicionalmente, se registraron domicilios particulares de funcionarios y exfuncionarios del Ministerio de Salud. La búsqueda de información es vital para reconstruir el circuito de cómo el fentanilo adulterado llegó a las calles y provocó la masacre. El secuestro del teléfono de la directora de la ANMAT es una de las medidas más contundentes, ya que podría contener comunicaciones clave para la causa.
El Ministerio de Salud y el INAME bajo la lupa
La investigación también ha puesto en el centro de la escena al Ministerio de Salud y al INAME. El primero, en un movimiento que generó controversia, se retiró como querellante de la causa. En cuanto al INAME, su titular, Gabriela Mantecón Fumadó, fue apartada de su cargo luego de que se conociera su presunta vinculación con el expediente. Estas acciones fortalecen la hipótesis de que hubo una cadena de responsabilidades que permitió la circulación de una sustancia mortal. Mientras tanto, las pericias continúan, aunque las fuentes judiciales señalan que la información que llega a los investigadores es “poco depurada”, lo que dificulta el avance en la comprobación de nuevos casos.
La lucha contra el tiempo y los obstáculos
La complejidad de la investigación no se limita a la posible implicación de funcionarios públicos. Las autoridades enfrentan dificultades para corroborar la información sobre nuevas víctimas, lo que impide un avance más rápido en las pericias forenses. Este factor, sumado a la necesidad de desentrañar los vínculos entre los laboratorios, los narcotraficantes y los organismos de control, hace que la causa sea una de las más complejas de los últimos años. La sociedad, en tanto, espera respuestas y que se determine quiénes son los responsables de esta tragedia sanitaria.
La causa del fentanilo adulterado ingresa en una etapa crucial con el secuestro del teléfono de la directora de la ANMAT. La Justicia busca determinar si la negligencia o la complicidad de organismos estatales permitieron la circulación de la droga que mató a casi un centenar de personas. El desenlace de esta investigación no solo podría llevar a la imputación de funcionarios, sino también a un replanteo sobre los mecanismos de control de medicamentos en el país.
