Coimasgate: la investigación que acorrala a los Milei

La investigación por presunta corrupción en la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS) se profundiza, y el foco está puesto en Diego Spagnuolo, ex titular del organismo. La justicia avanza con el análisis de sus celulares y la posibilidad de que el exfuncionario se acoja a la figura del «arrepentido» para mitigar una eventual condena. Esto generó un gran nerviosismo en el gobierno de Javier Milei, dado el estrecho vínculo que unía al presidente con Spagnuolo.

Los próximos pasos de la investigación y las pruebas clave

El caso, a cargo del juez federal Sebastián Casanello y el fiscal Franco Picardi, se inició tras la difusión de una grabación en la que se escucha a Spagnuolo describir un supuesto esquema de retornos millonarios en la compra de medicamentos, involucrando a figuras cercanas al presidente, como su hermana y secretaria general de la Presidencia, Karina Milei.

Tras una serie de allanamientos, se secuestraron dos celulares de Spagnuolo, cuyo contenido podría ser crucial para la causa. La Fiscalía decidió que el análisis de estos dispositivos lo llevará a cabo la Dirección General de Investigaciones y Apoyo Tecnológico a la Investigación Penal (DATIP) del Ministerio Público Fiscal, excluyendo así a las fuerzas federales a cargo de la ministra de Seguridad, Patricia Bullrich. Esta medida busca garantizar la imparcialidad del proceso.

Además de los celulares, en los allanamientos se encontraron documentos relacionados con la compra de medicamentos, dispositivos electrónicos y más de 200 mil dólares en sobres en la vivienda de Emanuel Kovalivker, uno de los directivos de la droguería Suizo Argentina. Con estas pruebas sobre la mesa, se espera que en los próximos días se produzcan nuevas medidas judiciales bajo un estricto secreto de sumario.

La figura del arrepentido y el vínculo con el presidente

Una de las principales preocupaciones del gobierno de Milei es que Spagnuolo decida convertirse en un «imputado colaborador» o «arrepentido». De acuerdo con especialistas en derecho penal, para que esto ocurra, el acusado debe involucrar a alguien con más poder o autoridad que él, y la información que proporcione debe ser corroborada con pruebas. Un juez federal de renombre consultado por este medio reafirmó esta teoría: «el arrepentido siempre tiene que apuntar para arriba, nunca por debajo de su nivel jerárquico».

El nerviosismo del oficialismo es palpable debido a la estrecha relación que Spagnuolo mantenía con el presidente. El exfuncionario no era solo un «abogado en alguna causa», como intentó minimizar el jefe de Gabinete Guillermo Francos, sino que era una de las personas con las que más veces se reunió Milei en Olivos y la Casa Rosada. La confianza era tal que Milei le había otorgado un «poder general para asuntos judiciales», un documento legal que lo facultaba para actuar en su nombre en distintas demandas civiles.

Este instrumento legal, firmado en octubre de 2024, fue presentado en al menos dos demandas del presidente contra periodistas y la líder de la Coalición Cívica, Elisa Carrió. La relevancia del documento radica en que habría sido firmado meses después de que, según la grabación, Spagnuolo le advirtiera a Milei sobre los supuestos «retornos» económicos que su hermana, Karina Milei, obtenía de los contratos en la ANDIS.

Un escenario judicial complejo y otros frentes abiertos

El escándalo del «Coimasgate» se suma a otros problemas judiciales que enfrenta la gestión libertaria. El mismo día que se difundió el audio de Spagnuolo, el juez federal Ernesto Kreplak detuvo a las principales autoridades de HLB Pharma en la causa por fentanilo contaminado y apuntó la investigación al Ministerio de Salud. Adicionalmente, la causa vinculada a la criptomoneda «Libra» también continúa su curso, con la defensa de los socios del presidente apelando un congelamiento de fondos que supuestamente estarían vinculados a pagos a funcionarios públicos.

La defensa de Mauricio Novelli y Manuel Terrones Godoy, socios de Milei, presentó un escrito para desligar a sus clientes, argumentando que no se identifican «montos, lugares ni destinatarios» de los supuestos pagos y que las visitas a la Casa Rosada y Olivos estaban registradas. Si bien el presidente no tiene un defensor asignado en esta causa, es evidente que cuenta con un círculo que lo defiende activamente. El futuro de la investigación por la ANDIS podría sumar un nuevo capítulo a un escenario judicial ya de por sí tenso para el gobierno de Javier Milei.