Rechazo masivo al ajuste de Milei en jubilaciones, universidades y obra pública
Una reciente encuesta de la Universidad de San Andrés revela una fuerte desaprobación social a las políticas de recorte del gobierno de Javier Milei, especialmente en áreas clave como jubilaciones, educación y obra pública, marcando una clara desconexión entre la agenda oficial y las prioridades ciudadanas.
El gobierno de Javier Milei enfrenta un creciente descontento popular ante su estrategia de ajuste económico, que impacta directamente en pilares fundamentales del bienestar social. Una encuesta reciente de la Universidad de San Andrés (UdeSA) saca a la luz la profunda brecha entre las políticas impulsadas por el oficialismo y la opinión mayoritaria de la ciudadanía argentina. Los datos del estudio demuestran un amplio rechazo a las medidas de desfinanciamiento en áreas sensibles, generando un escenario de tensión social y política.
Jubilaciones: fuerte respaldo a la actualización y rechazo al veto presidencial
Uno de los puntos más críticos de la encuesta se centra en la situación de los jubilados. Un contundente 85% de los consultados manifestó su acuerdo con la actualización del valor de las jubilaciones, respaldando la ley aprobada por el Congreso que eleva el bono previsional a $110.000 y fija la jubilación mínima en $331.000. Este apoyo masivo contrasta con la postura del Ejecutivo, que ya adelantó su intención de vetar la normativa para mantener el superávit fiscal. La sociedad, sin embargo, se opone de forma contundente a esta medida, con solo un 7% de apoyo a la política de desfinanciamiento previsional.
La relevancia de este dato se amplifica en un contexto de movilizaciones. Recientemente, miles de jubilados se manifestaron en la Plaza de Mayo para exigir el cumplimiento de la ley, el cese del protocolo antipiquetes y la restitución de los medicamentos del PAMI, denunciando una situación crítica que afecta directamente la vida de los adultos mayores.
Obra pública y diálogo federal: el clamor por la reactivación y la negociación
La encuesta también arroja luz sobre otras áreas de fuerte desaprobación. Un 78% de los argentinos considera que el Gobierno debe negociar con los gobernadores para garantizar la coparticipación. A pesar de la insistencia del presidente Milei en una gestión sin diálogo federal, concentrando recursos y recortando transferencias a las provincias, la ciudadanía demanda activamente acuerdos que permitan sostener servicios esenciales, infraestructura y salarios a nivel provincial.
En esta misma línea, un 75% de la población se pronunció a favor de reactivar la obra pública. Desde el inicio de la actual administración, miles de proyectos de infraestructura han sido paralizados bajo el argumento de eliminar el «gasto político». No obstante, sectores clave de la economía y la sociedad civil, incluyendo el llamado «Círculo Rojo», exigen al Ejecutivo una política activa de inversión en infraestructura para evitar un freno en el desarrollo productivo del país.
Educación universitaria: unánime defensa del presupuesto y financiamiento
El respaldo ciudadano se extiende con firmeza al sistema universitario público. Un significativo 76% de los encuestados considera indispensable la actualización del presupuesto educativo. Las universidades públicas argentinas atraviesan una de las crisis financieras más profundas de las últimas dos décadas, con un financiamiento históricamente bajo, salarios docentes con una pérdida del poder adquisitivo del 80% y un riesgo real de parálisis operativa antes de fin de año. En este escenario crítico, más de un millón de personas han respaldado la aprobación de la Ley de Financiamiento Universitario, cuya discusión está próxima a iniciar en el Congreso.
Desconexión entre agenda oficial y prioridades ciudadanas
El sondeo de UdeSA revela una notoria desconexión entre la agenda gubernamental y las prioridades de la ciudadanía. Más allá de los temas mencionados, el 70% de los encuestados rechaza el recorte de subsidios energéticos, el 76% se opone a la suba de tarifas y un 66% está en contra de los despidos en el sector estatal. Incluso el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional (FMI) genera división, con solo el 44% de apoyo frente a un 36% de rechazo.
En síntesis, la encuesta expone de manera inequívoca que la política de «ajuste motosierra» impulsada por el gobierno de Javier Milei no solo genera resistencia activa en las calles, sino también un profundo y masivo rechazo «silencioso» entre la mayoría de la sociedad argentina. El mensaje es contundente: la población no avala el ataque a los jubilados, el desfinanciamiento de las universidades ni la paralización de la obra pública, y exige al Gobierno una gestión que responda a las necesidades y demandas de la gente.
