AySA: El Gobierno avanza en privatización y habilita cortes por falta de pago

Esta medida, publicada en el Boletín Oficial el 22 de julio de 2025, busca atraer inversiones privadas y mejorar la eficiencia de la compañía, argumentando que la estructura actual es insuficiente ante la crisis económica y la imposibilidad estatal de seguir subsidiando el sistema.

Nuevas reglas para el servicio de agua y cloacas

La reconfiguración de las normas que rigen el servicio de agua y cloacas en el área metropolitana de Buenos Aires es un eje central en la estrategia del Gobierno para la privatización de AySA. Según se difundió en el Boletín Oficial, la decisión se basa en la percepción de que «la estructura actual resulta insuficiente para dar respuesta a las demandas crecientes de cobertura, calidad y sostenibilidad», un escenario agravado por una «profunda crisis económica» que impide al Estado continuar subsidiando el sistema.

Uno de los cambios más significativos es la habilitación expresa a AySA para interrumpir el servicio de agua potable a los usuarios en mora. Hasta el momento, esta facultad estaba restringida a usuarios no residenciales, y en los hogares solo se podía aplicar una «restricción del servicio», limitando el caudal pero sin cortar completamente el suministro. Esta nueva normativa, cuyas condiciones detalladas se establecerán en el futuro Contrato de Concesión, busca fortalecer la capacidad de cobro y reducir la morosidad.

Flexibilización accionaria y facultades ampliadas

El decreto también introduce modificaciones en la composición accionaria de AySA y otorga nuevas facultades a la compañía. Se dejó sin efecto el carácter intransferible de las acciones estatales, lo que abre la puerta a la venta total o parcial de la participación pública. Actualmente, el 90% del capital social de AySA está en manos del Ministerio de Economía, que ahora tendrá la potestad de enajenar esa participación, mientras que el 10% restante pertenece a los empleados adheridos al Programa de Propiedad Participada.

Además, se otorgaron a AySA «amplias facultades para auditar las obras dentro del Área Regulada» y la posibilidad de constituir garantías con los ingresos de la concesión para respaldar el financiamiento externo. Estas medidas buscan dar mayor autonomía y herramientas de gestión a la futura concesionaria privada.

Período de transición y nuevo régimen regulatorio

Consciente de la magnitud del cambio, el Ejecutivo estableció un plazo de cinco años como período de transición desde la eventual adjudicación de AySA al nuevo concesionario. Durante este lapso, se aplicará progresivamente el nuevo régimen regulatorio con el objetivo de evitar desajustes bruscos en la ecuación económico-financiera del contrato y permitir una adaptación gradual a las nuevas condiciones.

En este sentido, se delineó un nuevo esquema de relaciones entre los entes reguladores: el ERAS (Ente Regulador de Agua y Saneamiento) y la APLA (Agencia de Planificación). Ambos deberán cooperar y podrán ser convocados tanto por la concesionaria como por la sindicatura de usuarios ante cualquier cuestión técnica u operativa que lo amerite.

Adicionalmente, se creó el Plan Director de Mejora Estratégica, un instrumento técnico que será elaborado por APLA y revisado cada cinco años. Su objetivo principal es identificar las obras prioritarias para extender el servicio de agua y saneamiento, basándose en criterios de viabilidad técnica y densidad poblacional. Si bien este plan no tendrá carácter vinculante, servirá como una guía fundamental para la planificación de inversiones por parte de la futura concesionaria, orientando los esfuerzos hacia las áreas de mayor necesidad y potencial de desarrollo.