Según empleados del INDEC: el salario mínimo ideal es de $1.869.924

El cálculo, difundido por el colectivo de empleados de la Administración Pública Nacional (APN), surge en un contexto de inflación acumulada y una marcada caída del poder adquisitivo, lo que impulsa un contundente reclamo por mejoras salariales y un aumento de emergencia del 117%.

Radiografía de la pérdida de poder adquisitivo

El estudio del INDEC revela que una familia compuesta por dos adultos de 30 años y dos hijos en edad escolar necesitó, en junio de 2025, la suma de $1.869.924 para cubrir sus gastos esenciales. De este total, $639.836 se destinan a la canasta alimentaria, mientras que los restantes $1.230.088 corresponden a bienes y servicios no alimentarios.

Este monto supera significativamente el valor de la canasta básica total que el propio INDEC estableció en $1.298.398 para el mismo mes, lo que subraya la brecha entre el costo de vida real y los índices oficiales.

El reclamo principal de los trabajadores se centra en la pérdida acumulada del poder adquisitivo, que estiman en un 27% para los niveles más bajos de la escala estatal hasta junio de 2025. A esto se suma una inflación que, desde diciembre de 2023, ha alcanzado un impactante 214,5%, erosionando aún más los salarios. La falta de respuestas concretas por parte del Gobierno nacional ante esta situación ha exacerbado el descontento y la urgencia de los reclamos.

Exigencias salariales y condiciones laborales

Ante el deterioro de los ingresos, los empleados del INDEC y la APN han presentado una serie de demandas específicas para mejorar sus condiciones salariales y laborales:

• Aumento de emergencia del 117%: Solicitan esta recomposición en una sola cuota para compensar la inflación y la pérdida salarial.
• Reapertura inmediata de paritarias: Exigen que las negociaciones salariales se retomen de forma «libre y sin techo», permitiendo una discusión genuina sobre los haberes.
• Bono mensual de $150.000: Proponen un bono para todos los trabajadores estatales, sin distinción de modalidad contractual, como medida paliativa ante el alto costo de vida.
• Pase a planta permanente: Demandan la regularización de la situación laboral de los contratados, con pase a planta permanente sin pérdida salarial.
• Reincorporación de despedidos y cese de cesantías: Un punto crucial es la exigencia de reincorporar a los trabajadores cesanteados y detener futuros despidos en el sector público.

Los trabajadores también destacan la vulnerabilidad de los monotributistas, quienes no perciben aguinaldo ni presentismo, agravando su situación económica. Consideran que los «paliativos» otorgados por el Gobierno, como sumas fijas extraordinarias, resultan «exiguos» frente al nivel de inflación y el constante aumento del costo de vida.

El comunicado de los trabajadores culmina con una clara advertencia: «No hay margen para más pérdida salarial», y manifiestan un rotundo rechazo a que «los estatales sean la variable de ajuste» en el marco de las políticas económicas actuales. Esta postura refleja la creciente tensión entre los empleados públicos y el Gobierno en un contexto de austeridad fiscal.