La precariedad laboral se dispara en Argentina: 8,8 millones de informales

Radiografía de la informalidad: asalariados y cuentapropistas

Del total de trabajadores informales, 5,5 millones son asalariados sin aportes de sus empleadores, mientras que 3,3 millones son trabajadores no asalariados —ya sean cuentapropistas o pequeños patrones— que tampoco están registrados en el sistema previsional. El estudio de FUNDAR subraya que, aunque este fenómeno no es nuevo, su persistencia es alarmante. La informalidad creció tras la crisis de 2001, experimentó una baja entre 2003 y 2011, pero volvió a escalar de forma sostenida desde 2015.

Las brechas regionales y sectoriales

El grado de informalidad varía considerablemente según el rubro y la geografía. En sectores como la minería, el petróleo o los servicios profesionales, la tasa de empleo informal no supera el 15%. Sin embargo, en ramas como la construcción, la agricultura, la gastronomía o el servicio doméstico, más del 60% de los trabajadores se desempeña en condiciones precarias.

Geográficamente, el Norte Grande argentino presenta las tasas más altas de informalidad. Provincias como Salta, Santiago del Estero y Tucumán superan el 50% de informalidad entre asalariados. Allí, el bajo PBI per cápita, la escasa densidad empresarial y la preeminencia de actividades de subsistencia configuran un mercado laboral atomizado y precario. En contraposición, la Ciudad de Buenos Aires y las provincias patagónicas (Neuquén, Santa Cruz y Tierra del Fuego) muestran las menores tasas de informalidad, por debajo del 20%, debido a la concentración de empresas formales, sectores industriales intensivos en capital y una mayor demanda de formalización laboral.

La informalidad es especialmente pronunciada entre los trabajadores independientes: la tasa es del 36% entre los asalariados, pero asciende al 57% entre los cuentapropistas. Esto revela una creciente tendencia hacia el autoempleo sin derechos, muchas veces como única alternativa de inserción en un mercado laboral que expulsa y segrega.

Impacto económico y fiscal: un freno al desarrollo

La informalidad laboral no solo precariza la vida de millones de personas, sino que también tiene serias repercusiones económicas y fiscales. La ausencia de aportes y contribuciones patronales debilita el financiamiento de la seguridad social y del sistema de salud público, volviéndolos cada vez más inestables. Además, afecta la competitividad de las empresas que sí cumplen con la ley y alimenta una economía de baja productividad, donde la innovación y la inversión se estancan. A diferencia de países como Uruguay y Chile, que desde 2011 han logrado reducir su informalidad al 9,6% y 14,8% respectivamente, Argentina se ha mantenido en niveles elevados, muy por encima de lo que debería ser para su nivel de ingreso per cápita.

Desafíos y propuestas para la formalización

Especialistas de FUNDAR coinciden en que el crecimiento económico es una condición necesaria, pero no suficiente, para reducir la informalidad. Es crucial contar con instituciones laborales robustas, incentivos claros para la formalización y un sistema tributario que no castigue la contratación legal.

Argentina arrastra una alta presión tributaria sobre el trabajo registrado, lo que desincentiva la formalización, especialmente en las PyMEs y los emprendimientos informales. Las propuestas para revertir esta tendencia incluyen la creación de un monotributo productivo más accesible y el desarrollo de programas de capacitación y crédito que faciliten la formalización.

Mientras tanto, más del 40% de los trabajadores argentinos sigue sin derechos ni cobertura. La informalidad se ha naturalizado en vastas regiones del país, al punto de convertirse en el modo de subsistencia dominante para millones de hogares. Cualquier política laboral que busque mejorar la calidad del trabajo en Argentina debe, sin excusas, comenzar por revertir esta exclusión estructural.