La universidad pública argentina en jaque: inversión por estudiante en mínimos históricos
La universidad pública argentina atraviesa una crisis sin precedentes, con una caída real del presupuesto del 32% desde 2023 y la inversión por estudiante en el nivel más bajo en dos décadas. Mientras el oficialismo busca frenar el debate en el Congreso, la comunidad educativa alerta sobre la pérdida de alumnos y docentes, y el deterioro de la calidad educativa.

Las universidades argentinas están sufriendo el impacto de un severo ajuste de recursos impuesto por el gobierno nacional de Javier Milei. Los datos actualizados son alarmantes: el presupuesto universitario se encuentra en su punto más bajo de las últimas dos décadas. De mantenerse esta tendencia, la inversión en educación superior pasaría de representar el 0,72% del PBI en 2023 a caer a un preocupante 0,43%.
Esta situación mantiene el conflicto universitario en el centro de la escena, con consecuencias directas para toda la comunidad: la inversión por estudiante es la menor desde 2005, y los salarios docentes están por debajo de los niveles de 2002, con una caída de 39 puntos respecto al pico de 2011.
Recorte de partidas e incertidumbre en el segundo semestre
A pesar de un reciente decreto nacional (425/25) que aumentó discrecionalmente algunas partidas económicas, la ampliación para ciencia, tecnología y universidades es marginal. Un informe de especialistas tributarios señaló que el presupuesto universitario para este año, en términos reales, es un 9% inferior al del año pasado y acumula una caída del 32% desde 2023. Este recorte no solo compromete el funcionamiento básico de las universidades, sino que también limita su capacidad para garantizar el acceso a una educación superior gratuita y de calidad, reflejando un cambio en las prioridades estatales que relega el desarrollo educativo y científico.
Las autoridades universitarias, los gremios y los estudiantes no dejan de alertar sobre la pérdida sostenida de alumnos y docentes que se ven imposibilitados de continuar sus estudios o trabajos debido a las precarias condiciones de funcionamiento. Las protestas, a través de clases públicas, marchas y paros, buscan reclamar un mayor financiamiento, una recomposición salarial urgente y una reasignación de partidas para la educación en general y la formación superior en particular. Este miércoles, la Cámara de Diputados intentará debatir proyectos que busquen revertir esta situación, a pesar de la amenaza de veto por parte del Poder Ejecutivo, un antecedente que ya ocurrió en 2024.
En los primeros cinco meses de este año, las transferencias a universidades fueron un 22,5% más bajas en términos reales que en el mismo período de 2023. Además, la inversión en capital (infraestructura, equipamiento) fue nula en 2024 y apenas alcanzó un 4% de lo invertido en 2023 durante lo que va del año. Estos datos, del Instituto de Estudios y Capacitación (IEC) – Federación Nacional de Docentes Universitarios (CONADU), también revelan que el presupuesto de Ciencia y Tecnología cayó un 30% en comparación con el mismo período de 2023, y la situación es aún más crítica para el presupuesto de Ciencia y Tecnología dentro de las universidades, que se contrajo un 87,5%.
Aunque el Poder Ejecutivo prorrogó el Presupuesto 2023 por segunda vez consecutiva a principios de año y luego ajustó discretamente las partidas para 2025 (Decreto 425/25), la ampliación para ciencia, tecnología y universidades es marginal. Un análisis del grupo EPC en el Centro Iberoamericano de Investigación (Ciicti) indica que, aunque se amplió el presupuesto total de la Administración Pública Nacional en 31,4 billones de pesos, esta expansión busca cubrir una inflación que excede la proyectada por el gobierno. Para las universidades nacionales, el incremento presupuestario de 941 mil millones de pesos proyecta una caída del 8,6% en la masa salarial universitaria para el año.
Los especialistas precisaron que, tras caer más de 20 puntos en 2024, la situación presupuestaria actual evidencia un descenso de 29 puntos en dos años en la inversión universitaria, y casi 48 puntos en la inversión educativa nacional total en el mismo período, incluso si se ejecutara todo el crédito ampliado. Según la Oficina de Presupuesto del Congreso (OPC), en 2024 los gastos corrientes del Presupuesto nacional en “Transferencias a universidades” cerraron con una ejecución presupuestaria que cayó un 25,1% interanual en términos reales.
La inversión por estudiante, en picada
Si se compara desde 2023, el presupuesto universitario acumula una caída del 32%, un recorte que no solo compromete el funcionamiento de las casas de estudio, sino que también limita su capacidad para garantizar una educación superior gratuita y de calidad. En este escenario, la inversión por estudiante es la más baja desde 2005, alcanzando los $2,1 millones en 2025. Esta cifra es un 53% menor que el promedio de $4 millones que se gastaba entre 2010 y 2023, ajustado por inflación, según un documento de la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ).
La ACIJ advirtió que la pronunciada baja en el presupuesto asignado a las universidades públicas lo ubica “en su nivel más bajo desde 2006”, comprometiendo su rol estratégico en la producción de conocimiento, la formación de profesionales y la reducción de desigualdades. Esto refleja un claro cambio en las prioridades del Estado, con graves consecuencias para el desarrollo educativo y científico del país.
Asimismo, las becas Progresar han sufrido un congelamiento en sus montos y mayores restricciones para el acceso o renovación. Entre noviembre de 2023 y agosto de 2024, la beca perdió el 59,1% de su valor real, llegando a representar solo el 40,9% de su poder adquisitivo al finalizar el gobierno anterior. Aunque hubo una recuperación parcial tras un aumento en septiembre de 2024 (de $20.000 a $35.000), alcanzando el 69,2% del valor de noviembre de 2023, su poder de compra continuó erosionándose. Actualmente, “perdió el 43,5% de poder adquisitivo, llegando a representar el 56,5% del valor que tenía 18 meses antes”, según el IEC-CONADU.
En esta coyuntura, si se cumplen las previsiones de presupuesto y PBI, la inversión en educación universitaria se reducirá del 0,72% al 0,43% del Producto anual.
La caída salarial docente: un derrotero a la baja
La caída salarial de los docentes universitarios durante la gestión libertaria alcanza el 28%. La devaluación de diciembre de 2023 (118%) provocó una pérdida de cerca del 30% en el poder adquisitivo del salario universitario solo en los dos primeros meses. Aunque hubo una recuperación parcial entre febrero y noviembre de 2024, quedando “solo” un 22,1% por debajo del poder adquisitivo previo al cambio de gobierno, la disminución volvió a acentuarse.
Para mayo de 2025, “las y los docentes cobraron un 28,1% menos que en noviembre de 2023 y un 44,7% menos que en noviembre de 2015, último mes completo de Cristina Kirchner”, según el IEC. Datos del Centro Iberoamericano de Investigación en Ciencia, Tecnología e Innovación indican que los salarios del personal con dedicación a la investigación en universidades (tomando como ejemplo un Profesor Adjunto con dedicación exclusiva y 10 años de antigüedad) descendieron un 1,5% en mayo y un 29% real respecto a noviembre de 2023. Además, están 36,3 puntos reales debajo de diciembre de 2015.
Finalmente, se alerta que el ajuste sostenido en la política salarial hacia los docentes universitarios revierte por completo la recuperación que había experimentado el sector entre 2003 y 2011 (+81,4% real). Por el contrario, acelera el deterioro sufrido entre 2011 y 2021, que apenas había comenzado a revertirse en 2022. Actualmente, los salarios en las universidades del país se encuentran, en sintonía con el presupuesto asignado, por debajo del nivel de 2002.