Milei elimina la asistencia nacional a personas en situación de calle

Un giro en la política social: El Estado nacional se retira de la asistencia directa

El Decreto 373/2025 modifica la Ley 27.654, que tenía como objetivo garantizar los derechos de las personas sin techo y de quienes se encuentran en riesgo de perder su vivienda. Con esta nueva normativa, el gobierno libertario se aparta de su rol de ejecutor directo de la asistencia y se posiciona como un mero «órgano rector». Su función se limitará ahora a la aprobación de «directrices y lineamientos generales en la materia», adoptando un carácter subsidiario. Esto significa que el Estado nacional solo intervendrá técnica o financieramente cuando las capacidades de las provincias y la Ciudad de Buenos Aires resulten insuficientes, buscando promover una supuesta «equidad y coherencia» en el abordaje estatal.

La Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia del Ministerio de Capital Humano será la nueva autoridad de aplicación. Su rol principal será coordinar acciones entre las jurisdicciones y monitorear el uso de los fondos transferidos en caso de asistencia nacional. En la práctica, cada jurisdicción mantendrá la ejecución directa de las políticas de asistencia, mientras que Nación apenas elaborará pautas generales y participará de manera residual en situaciones donde los recursos locales sean insuficientes. Esta decisión se da en un contexto de temperaturas bajo cero en gran parte del país, lo que expone aún más a las personas en situación de calle a condiciones extremas.

La preocupación internacional y el aumento de la problemática en CABA

La medida del gobierno de Milei se da a conocer en un momento en que la situación de las personas sin hogar en Argentina ya estaba bajo la lupa internacional. Recientemente, Relatores Especiales de Naciones Unidas enviaron una comunicación al Gobierno argentino expresando su «grave preocupación» por las «medidas e intervenciones discriminatorias» que se llevan a cabo en la Ciudad de Buenos Aires contra las personas en situación de calle y los integrantes de la economía informal.

Balakrishan Rajagopal, Relator sobre una Vivienda Adecuada, y Olivier De Schutter, Relator Especial sobre la Pobreza Extrema, señalaron que las políticas adoptadas «sugieren un patrón de criminalización» en lugar de abordar los «problemas socioeconómicos sistémicos» que subyacen a esta problemática. Subrayaron la necesidad de proporcionar acceso a una vivienda adecuada, asistencia social, programas de empleo y vías para que los vendedores realicen la transición al mercado laboral formal.

En relación con la Ciudad de Buenos Aires, los relatores destacaron informes que muestran un aumento del 122% en el número de personas en situación de calle desde 2017, y un 55% solo entre 2022 y 2024. A pesar de este incremento, la respuesta del Gobierno porteño desde principios de 2024 ha sido el lanzamiento del «Operativo Especial Orden y Limpieza», que ha implicado desalojos forzosos y confiscación de pertenencias de personas sin hogar. Se han reportado casos de uso de la fuerza, destrucción de objetos personales (incluidos documentos) y un aumento del 2.137% en el labrado de contravenciones, así como un 500% más de hechos de violencia institucional. Muchas de estas detenciones han sido anuladas por el Poder Judicial por considerarlas arbitrarias y basadas en prejuicios.

Un abordaje punitivo y la falta de soluciones integrales

El pronunciamiento internacional se alinea con el informe “Personas en Situación de Calle en la Ciudad de Buenos Aires”, elaborado conjuntamente por el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ) y el Ministerio Público de la Defensa de la Ciudad de Buenos Aires (MPD CABA). Este documento subraya el aumento de personas en situación de calle, la ausencia de políticas integrales para abordar la problemática y un marcado enfoque punitivo por parte del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires.

El informe detalla que la estrategia de la nueva gestión del GCBA ha tenido un abordaje bifrontal: por un lado, una política de «fuerte tinte punitivo y estigmatizante» bajo el paradigma de «Orden y limpieza», que incluye la remoción de personas, detenciones y violencia institucional. Según datos del MPD CABA, las denuncias de violencia institucional ejercida contra personas en situación de calle aumentaron un 128% entre el primer semestre de 2023 y el primer semestre de 2024. El 34% de las personas detenidas en 2024 reportaron haber sufrido violencia institucional. Este enfoque, que despersonaliza y estigmatiza a estas personas, desconoce los estándares y garantías fijados por la normativa nacional e internacional.

En paralelo, si bien hubo un aumento presupuestario del 40,11% en términos reales en 2025 para programas habitacionales, estos se siguen orientando fundamentalmente a respuestas de emergencia y transitorias, como subsidios habitacionales o vacantes en Centros de Inclusión Social (CIS), sin abordar los problemas estructurales que llevan a las personas a la calle.

La problemática de la situación de calle exige un abordaje desde enfoques no punitivos, que respondan adecuadamente a las emergencias y ofrezcan alternativas de solución habitacional definitiva, tal como lo establece la normativa local, nacional e internacional. El informe del CELS, ACIJ y el MPD CABA presenta líneas de acción que proponen tanto medidas paliativas como programas potencialmente transformadores, instando a un debate y consenso entre los distintos actores involucrados.